La mayoría de los partidos políticos con representación en el Congreso, un total de 178 diputados, con la excepción del PP y de Ciudadanos, ha pedido subir las pensiones con respecto al IPC en 2017 tal como han solicitado los sindicatos UGT y CCOO con el fin de que no haya pérdida de poder adquisitivo. Los grupos parlamentarios del PSOE, de Unidos Podemos, del PNV, de ERC y el Partido Democrático de Cataluña (PDC), han registrado una proposición de Ley con el fin de que las pensiones puedan subir de acuerdo con la inflación en 2017, a la vista de que el IPC podría terminar en positivo y no en cero como ocurrió en 2015.
La subida de las pensiones para 2017 supone un alza del 1,2% o más en el caso de que el IPC cierre el próximo año con un porcentaje mayor, según la proposición de Ley que ha sido registrada hoy por la mayoría de los partidos políticos en el Congreso, salvo el PP y Ciudadanos.
La proposición de Ley impulsada por los sindicatos UGT y CCOO y que han registrado en el Congreso el PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y el PDC afirma que el Gobierno prevé una inflación para 2017 del 1,2% y que, de "superarse" esta estimación en diciembre del próximo año, debería aplicarse el porcentaje correspondiente a la diferencia entre ese 1,2% y el IPC real.
La iniciativa tiene por objeto garantizar la suficiencia de la revalorización de las pensiones para 2017 y establecer medidas urgentes de reequilibrio presupuestario de la Seguridad Social y señala que este sistema ha incurrido en déficit "mucho antes de los previsto" debido a la intensidad de la crisis, del desempleo y al deterioro de las condiciones del mercado laboral.
La proposición de Ley se compone de un primer artículo que pide el incremento inicial de las pensiones para 2017 según el IPC y añade tres disposiciones adicionales. La primera establece que la revalorización de las pensiones del próximo año debe financiarse con una aportación a la Seguridad Social desde los Presupuestos Generales del Estado.
La segunda plantea un mandato al próximo Gobierno para que convoque de forma inmediata la Comisión del Pacto de Toledo y la mesa del diálogo social para adoptar medidas urgentes que restablezcan el equilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social y se busquen nuevas vías de financiación.
La tercera disposición adicional pide suspender para 2017 el índice de revalorización previsto en la reforma de la Ley de la Seguridad Social que aprobó el Gobierno para que en un contexto de inflación como el previsto en 2017 se garantice el poder adquisitivo de las pensiones.
En este punto, la proposición no pretende eliminar de forma definitiva el índice que desvincula las pensiones al IPC, sino sólo en 2017, y que se aborden las revalorizaciones futuras en la Comisión de Pacto de Toledo.
Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, han impulsado esta iniciativa con rango de Ley cuya tramitación podría no salir adelante, pese al apoyo conseguido, ya que el Gobierno tiene la facultad de evaluarla 30 días antes de su debate y frenarla aludiendo que supone un aumento del gasto presupuestario o una disminución de los ingresos.
En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Toxo ha afirmado que esta propuesta no agravaría la situación financiera de la Seguridad Social, ya que la proposición plantea una que el coste de la subida de las pensiones no corra a cargo de las cotizaciones sino que se haga a cargo de una partida presupuestaria extraordinaria en 2017.
Por su parte, Álvarez ha señalado que la revisión de las pensiones en 2017 supone recuperar la vinculación de esta prestación al IPC y acabar con la reforma de las pensiones de 2013 y ha insistido en que no generaría desequilibrio siempre que se tomaran otras medidas como acabar con las subvenciones a la contratación o aplicar el destopaje en el pago de las cotizaciones sociales máximas.
