El Ayuntamiento de Madrid impedirá acceder a una vivienda pública a cualquier persona que esté residiendo en un edificio municipal 'okupado' en el momento de registrar la solicitud, aunque permitirá que sí la pidan aquellos que hayan sido okupas durante los diez años anteriores, si ahora no lo son.
Este requisito se incluye en el reglamento de adjudicación de viviendas de protección pública que la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha defendido hoy en la comisión de ramo, donde ha sido rechazado con los votos en contra del PP (21 concejales), la abstención de Ciudadanos y el PSOE y el voto favorable de Ahora Madrid (20 concejales).
El texto, según han indicado fuentes del Ayuntamiento, será debatido de nuevo en el Pleno de la semana que viene, a pesar haber quedado rechazado en comisión. Impedir que quien esté ocupando de forma irregular en ese momento acceda a una vivienda pública supone un cambio con respecto al plan inicial, donde constaba que se permitiría optar a una vivienda a quienes hubiesen ocupado el inmueble durante dos años antes de la entrada en vigor del reglamento.
La intención inicial era estudiar "caso por caso" la situación de las familias en situación de vulnerabilidad que llevasen dos años ocupando el piso, con el objetivo de regularizarla.
