La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha abordado el "flagelo de la corrupción", se ha puesto "en la piel" de los concejales del PP y ha remarcado la "honradez" de su equipo, avalada por la encuesta encargada por el Ayuntamiento y presentada la pasada semana.
Carmena ha terminado tratando la corrupción en su primera intervención en el Pleno del Estado de la Ciudad. Tras una hora y veinte minutos, donde ha desgranado algunas de las medidas para los próximos meses, la alcaldesa ha puesto punto y final a su primera intervención apuntado a que su máxima responsabilidad pasa por la "exigencia de honradez".
"Los ciudadanos nos dicen que somos un equipo honrado", ha lanzado. Y para ejemplificarlo ha narrado lo que le pasó días atrás en la entrada del Metro de Avenida de América, cuando una joven le dijo que con ella había recuperado su confianza en la democracia y en la política. La primera edil ha pedido que no se tome este comentario como un elogio hacia ella o como un chascarrillo sino como un elogio hacia todo el gobierno municipal y con la intención de que sea extensible a todos los ediles de la Corporación.
"Quiero que cuando se hable del Ayuntamiento se habla de que es honrado desde el primero hasta el último de los políticos que estamos sentados aquí", ha deseado, antes de apuntar que hasta ahora no se veía la honradez como una exigencia política ya que se entendía como parte de la ética personal.
El actual contexto es el de la "desafección de la clase política". "Nos la hemos ganado a pulso como generación", ha lamentado. Para ello ha echado mano de los datos del Poder Judicial ya que la corrupción no son sólo las grandes operaciones como G~rtel, Lezo, los ERE de Andalucía o Púnica, como se demuestra con los 1.378 políticos imputados.
"Aquí en Madrid hemos sufrido el flagelo de la corrupción. Casi todos la sufren. Yo me pongo en su piel (le ha dicho a la bancada del PP) y comprendo su situación", ha lanzado la alcaldesa. Para ella, la corrupción es una "enfermedad", de ahí el interés del Gobierno municipal de poner en marcha la Oficina Antifraude, que responde a lo exigido por la ONU, que defiende que "no puede haber ejercicio de los derechos humanos cuando hay corrupción".
