El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha afirmado que hay partes de la conversación que mantuvo con dos comisarios en una cafetería de Sol para hablar de su ático en Estepona, y que este lunes el diario El Mundo ha publicado, que evidencian un objetivo "claro" de "amedrentamiento" para justificar una "investigación ilegal".
En su opinión, las informaciones del diario El Mundo sobre la conversación ponen de manifiesto lo que él dijo la semana pasada: además del "amedretamiento", que el comisario José Manuel Villarejo quería que le diera recibos de su ático en Estepona para justificar una investigación "ilegal".
En declaraciones a los medios en el Museo de El Prado después de que el diario El Mundo haya publicado la transcripción de la reunión que mantuvo en una cafetería de la Puerta del Sol con dos mandos policiales, el presidente ha dicho que se han visto "prácticas policiales que para nada se ajustan a la legalidad".
A su juicio, "el único objetivo" de la reunión "solicitada por los propios policías" es "el ánimo de grabarla para tratar de justificar una investigación que fue calificada de ilegal por el ministro del Interior y el director general de la Policía".
"Creo que esas informaciones que aparecen hoy, que son parciales, de la conversación que tuvo lugar ahí, ponen de manifiesto lo que yo siempre he dicho, que a mí esa reunión siempre me pareció extraña y pone de manifiesto lo que yo les dije el otro día: estos señores pretendían, en concreto Villarejo, que yo le facilitara unos recibos de pago del alquiler de mi casa para tratar de justificar una investigación que fue ilegal", ha expuesto el presidente autonómico.
González ha señalado que él no facilitó "nada" a Villarejo porque "no tenía nada por qué justificar, ni tenía que dar unos recibos que estaba pagando. "Jamás le di nada, ni jamás he llamado a este comisario por mucho que el quisiera darme su teléfono, ni he hablado con él por teléfono", ha aseverado para añadir que la prueba es que dos meses y medios después se publicó toda la investigación, que fue calificada de "ilegal" por el Ministerio del Interior y el director general de la Policía.
