Madrid inicia la regularización catastral por la que no impondrá sanciones, sólo una tasa de 60 euros
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El Ayuntamiento de Madrid arranca el proceso de regularización catastral por la que no impondrá sanciones, sólo una tasa de 60 euros por cada bien inmueble regularizado, con independencia de que la Administración imponga sanciones cuando se detecten irregularidades, ha informado este jueves la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, en rueda de prensa.
Tras la Junta de Gobierno, Maestre ha explicado que el proceso que mañana se pone en marcha busca luchar contra el fraude mediante la incorporación al catastro de nuevas construcciones, rehabilitaciones o reformas que no hayan sido debidamente declaradas. Esto no supone una nueva revisión de los valores catastrales. El Ayuntamiento llevará a cabo inspecciones de oficio aplicables a todos los inmuebles de la ciudad.
El proceso tiene un plazo de doce meses y su propósito es garantizar la "distribución equitativa de los impuestos municipales conforme a la capacidad económica real, que pone de manifiesto el valor catastral de los inmuebles". Este proceso da continuidad al trabajo de lucha contra el fraude que ya realiza la Agencia Tributaria de Madrid desde 2004 de la mano del convenio de colaboración suscrito con la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda.
140.000 OMITIDOS
Gracias a él se ha permitido la incorporación a este censo de más de 140.000 inmuebles omitidos o incorrectamente catastrados. La regularización sólo afecta a aquellos inmuebles que no están adecuadamente incluidos en el Catastro ya que no implica una nueva revisión de valores catastrales debido a que los inmuebles regularizados se estiman con la Ponencia de Valores vigente en el municipio de Madrid.
La revisión del valor catastral tiene efecto desde la fecha en que se realizó la obra nueva o la modificación que no se declaró, por lo que, cuando proceda, se liquidarán los atrasos pertinentes en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Las condiciones y la tasa vienen determinadas por el marco estatal, que el Ayuntamiento de Madrid aplica en cumplimiento de un acuerdo del Pleno Municipal del pasado mes de septiembre.
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