Las fuerzas de seguridad han interpuesto más de 300 denuncias a clientes por prostitución callejera en zonas próximas a los menores en el polígono Marconi de Madrid tras la entrada en vigor de la Ley de seguridad ciudadana, de las que 240 se han concretado ya en expedientes sancionadores.
Según el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, todas las denuncias y expedientes tramitados hasta ahora han sido a "clientes que buscan servicios de prostitución en zonas que habitualmente frecuentan menores, como parques infantiles y próximos a colegios".
Estos expedientes, que se tramitan "con todas las garantías, han tenido un efecto disuasorio y la situación para los niños de la zona es mejor", ha dicho tras reunirse con la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y las asociaciones de vecinos de Marconi.
Martínez ha explicado que las sanciones previstas en la ley buscan la protección del menor, así como de la seguridad vial, y van de los 600 a 30.000 euros para los clientes, según la gravedad, siendo las más altas para casos de exhibición obscena en la vía pública, persistencia tras ser apercibidos y desobediencia a las fuerzas de seguridad.
Esta graduación, ha añadido el secretario, "esta marcada taxativamente en la ley" en función de criterios como "reincidencia, recursos económicos del sancionado", entre otros. Dancausa ha detallado que el dispositivo, desplegado hace dos meses por la Jefatura Superior de Policía en la zona, donde ejercen unas 300 mujeres, ha tenido "una valoración positiva" de los vecinos, porque la prostitución "ha desaparecido de las zonas cercanas a viviendas y colegios".
Sin embargo, en la reunión los vecinos han pedido intensificar la vigilancia y han dado los nombres de otras tres calles, por donde pasan rutas escolares y donde aún se ven "masturbaciones y felaciones", según la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Colonia Marconi, Mabel Díez.
"Estamos bastante satisfechos porque se han alejado de las viviendas" de la Colonia Marconi, habitadas por 3.000 personas que llevan 16 años luchando contra este problema, según la presidenta de la asociación.
Sin embargo, ha explicado Díez, los vecinos tienen que "pasar obligatoriamente por el polígono" para entrar en la colonia residencial, donde hay un colegio con 1.000 alumnos, una escuela infantil y un centro cultural, "hasta para ir a comprar el pan" hay que pasar por el polígono, donde están las prostitutas.
De ahí que la asociación pida que el dispositivo "se intensifique y se prolongue en el tiempo", según la presidenta que ha detallado que los vecinos no suelen percibir la presencia policial porque "van camuflados". Otro miembro de la asociación vecinal, Alberto Díaz, ha reiterado que "no tienen nada contra las mujeres" y que aquí el debate es sobre "el ejercicio de la prostitución en la vía pública" y la protección de los menores.
Por otra parte, la Delegación del Gobierno ha detallado que las multas previstas para las prostitutas son de entre 100 y 600 euros, pero de momento no se ha tramitado ninguna.