Con piscina y rodeados de basura, así viven los okupas de las naves de Torrejón de Ardoz

La pasada madrugada del sábado, 20 de agosto, se produjo un incendio en una nave industrial abandonada de Torrejón de Ardoz, convirtiéndose en una trampa mortal para un hombre y una mujer de mediana edad que vivían en su interior de okupas. El fuego abordó rápidamente el edificio de dos plantas y acabó con la vida de estas dos personas.

Un equipo de Madrid Directo vuelve a la zona del incendio porque, al parecer, en su alrededor existen más naves okupadas. Los vecinos temen que pueda ocurrir otra desgracia. Nos adentramos en algunas de ellas para conocer lo que está pasando.

En la primera que nos adentramos, los okupas son conscientes del accidente ocurrido el pasado sábado. Aseguran que ellos no tienen cocina y que comen alimentos fríos, como bocadillos. Para separar las habitaciones, tienen colocadas sábanas en el techo. Asimismo, declaran no saber de dónde les viene la luz. En ese mismo edificio, pero en la planta de arriba, no somos bien recibidos.

A tan solo 300 metros de esta nave industrial, en la misma calle, encontramos otras tantas también okupadas. Accedemos a una de ellas, en la que los propios okupas nos cuentan que llevan viviendo allí desde hace cuatro años. Afirman no tener miedo de vivir ahí, pero que "hay que tener cuidado". En su interior cuentan hasta con piscina, a pesar de estar rodeados también de escombros y basura. "No hay para la municipal, así que nos apañamos con esta".

La okupación en Madrid

La Comunidad de Madrid encabeza la lista con mayor okupación de España con cerca de 5.000 viviendas okupadas. Usera, Puente de Vallecas y Carabanchel son los distritos más afectados. Los barrios de Chamberí, Salamanca y Retiro los que menos.

¿Qué dice la ley?

El Congreso aprobó en 2018 una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que acelera el proceso para agilizar el fin de una okupación ilegal de la vivienda. Además de a particulares, afecta a entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de vivienda social.

Si los okupantes no pueden justificar que están legalmente en la vivienda o no contestan en un plazo de cinco días, el tribunal ordenará su salida en 20 días.