Más de 35 familias estafadas en Torrejón de Ardoz: "No soy un okupa"

38 familias de una urbanización de Torrejón de Ardoz jamás se imaginaron que cuando entraron hace 9 años a vivir en unos pisos de alquiler con opción a compra iban a ser engañados por la constructora, que les ha aplicado las condiciones de una ley que no existe.

"Hace 9 años que entramos en estos pisos y, cuando nosotros terminamos el contrato de los 7 años de alquiler a compra que nos ofrecieron, el porcentaje que nos multiplicaban del precio no es el legal. Nosotros estamos luchando para que nos apliquen el porcentaje legal que tenemos que tener", nos explica uno de los vecinos afectados.

"A nosotros nos supone en pisos de dos habitaciones un precio de 40.000 euros más de diferencia y en pisos de cuatro habitaciones casi 80.000. Pisos que han estado vacíos, que se ha ido yendo la gente, ni los han vendido, ni los han alquilado, ni han hecho nada porque lo que ellos quieren es que a los 7 años nosotros nos fuésemos, nadie comprase y se quedasen libres", añade.

Se han plantado a aceptar unas condiciones que no recoge la ley. "Tenemos la renta que pagábamos mensualmente y nos estaban cobrando también el Impuesto de Bienes Inmuebles, es decir, el IBI con el IVA", nos cuenta Pepi, que tiene miedo a dar la cara ante las cámaras por temor a represalias.

Estos vecinos están calificados por parte de esta empresa como okupas. "Realmente, todos los vecinos hemos pagado religiosamente cada mes, el contrato se acabó y nosotros hemos querido pagar, pero ellos no lo han aceptado, ha rescindido el contrato totalmente", declara Raúl, otro de los vecinos.

"Ha habido buena voluntad y buena fe por parte de los vecinos para querer pagar, pero ellos han dicho directamente que no y han empezado por parte de la empresa a hacer coacciones hasta llegar al punto la semana pasada de desahuciar a una persona sin ninguna justificación".

Es el caso de Claudia. La quisieron echar de su casa con una discapacidad del 65%. "La semana pasada teníamos orden de lanzamiento. Me dijeron que me daban media hora únicamente para recoger mis enseres más necesarios, que me cambiaban el bombín y que ya no podía entrar a mi casa". Se sienten estafados y a la espera de una solución.

Desde la constructora nos dicen que se han intentado poner en contacto con los vecinos y que siempre han recibido una negativa por su parte. Asimismo, alegan que no existe ninguna situación de vulnerabilidad y que, en el caso de los juicios ya celebrados, la justicia les ha dado la razón. Unas declaraciones que los vecinos desmienten por completo.

El 3 de octubre, los vecinos se han vuelto a reunir en la urbanización para intentar paralizar otro desahucio, esta vez el de Sandra. "Estoy muy nerviosa, no he dormido en toda la noche porque no me quiero quedar en la calle con un niño pequeño", nos cuenta esta vecina.

"No tengo ningún sitio donde ir. Encima mi marido está recién operado, de baja y nos encontramos en esta situación y no nos podemos ir a la calle. Nosotros nos hemos sentido engañados, nos dijeron que nos iba a costar un precio y al final ha sido que nos quieren cobrar el doble", añade entre lágrimas.

Tal era la ansiedad que tenía, que ha sido necesaria asistencia médica. Tras la llegada de la comisión judicial a la vivienda y los momentos de tensión vividos con el abogado de la propiedad, el desahucio finalmente ha sido paralizado.