Vuelven a okupar un edificio de Arganda del Rey

Vecinos de la Avenida de Londres de Arganda del Rey dan la voz de alarma por la inminente llegada de okupas a un edificio que en su día ya fue desmantelado tras convertirse en la pesadilla del barrio.

Temen que se vuelva a repetir la situación que tuvieron en la anterior okupación. "Antes se metían en la piscina, los teníamos que echar, han robado en los garajes. En fin, son problemas continuos. Antes había trapicheo, que no sé si ahora lo habrá porque llevan dos días", nos cuenta un vecino del edificio de enfrente muy preocupado.

"Salir con los niños sabiendo que están esas cosas ahí pues te da cierta inseguridad". Ana, otra de las vecinas afectadas, nos cuenta que el edificio estuvo okupado durante 7 años y "ahora, que ya estaba todo fenomenal y, entre comillas, vivíamos mejor se ha vuelto a okupar".

Tras las declaraciones de los vecinos, un equipo de Madrid Directo decide hablar con los okupas, quienes afirman llevar allí desde el pasado día 2 de febrero. Según nos cuentan las okupas, les vendieron la llave de la vivienda por casi 1.000 euros. "Nosotros somos personas normales".

Algunos de los pisos del bloque están tapiados o con puertas antiokupas por otras veces en las que "se han colado" a vivir. Las okupas entienden la inquietud de los vecinos y aseguran que no tienen por qué preocuparse, ya que son personas tranquilas. "Es un edificio abandonado y hay muchas familias en la calle", añaden.

La okupación en Madrid

La Madrid es la segunda provincia de España con más 'okupaciones' en los primeros seis meses de 2022, con 813 casos. Barcelona triplica la cifra con 2.838 'okupaciones'. Son datos del Ministerio de Interior que también reflejan que, en cuanto a Comunidades Autónomas, Madrid es la cuarta en número de okupaciones ilegales.

¿Qué dice la ley?

El Congreso aprobó en 2018 una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que acelera el proceso para agilizar el fin de una ocupación ilegal de la vivienda. Además de a particulares, afecta a entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de vivienda social.