Ocho meses de pesadilla okupa en Pozuelo

Estos vecinos de Pozuelo de Alarcón viven atemorizados por un okupa que se ha adueñado de un piso del edificio. Muchos no han aguantado los continuos conflictos y han decido mudarse. Carlos, el propietario de la vivienda ocupada, lleva conviviendo con esta situación 8 meses, el mismo tiempo que este inquilino lleva sin pagar el alquiler. Pero, además de moroso, es una persona conflictiva y agresiva.

El propietario asegura tener miedo de entrar en su propia casa. Se encuentra mal, tanto emocional como físicamente; sufre ansiedad e insomnio.

Explica que el ocupa le ha intentado ahogar dos veces y que se siente siempre en peligro: “Una vez me cogió de la cabeza y me hubiese roto el cuello”. El propietario asegura también que le ha visto traficar con drogas.

“Descansaría con que se fuera de mi vida”

Un equipo de Madrid Directo habla con el okupa que afirma que la víctima es él: “a mí me deben dinero y el agredido soy yo”, explica. Afirma que en cuanto le paguen se marchará. Asimismo, también asegura que él no vende droga.

Los vecinos le tienen miedo. elatan que son muchas las noches en las que le han visto agredir a diferentes personas. Se han concentrado para hablar con Madrid Directo y afirman que se sientes desprotegidos.

No es la única okupación en esta localidad

Hace tan solo 3 meses, veíamos como okupaban un chalet tres veces seguidas. Ocurría en la calle Virgen de Fátima. Los vecinos se volcaron con los propietarios haciendo fuerza y presión. Organizaron una cacerolada para presionar a los okupas y que abandonasen la vivienda.

La okupación en Madrid

La Comunidad de Madrid encabeza la lista con mayor okupación de España con cerca de 5.000 viviendas okupadas. Usera, Puente de Vallecas y Carabanchel son los distritos más afectados. Los barrios de Chamberí, Salamanca y Retiro los que menos.

¿Qué dice la ley?

El Congreso aprobó en 2018 una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que acelera el proceso para agilizar el fin de una ocupación ilegal de la vivienda. Además de a particulares, afecta a entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de vivienda social.

Si los ocupantes no pueden justificar que están legalmente en la vivienda o no contestan en un plazo de cinco días, el tribunal ordenará su salida en 20 días.