La patronal madrileña se ha mostrado muy crítica con el plan del gobierno para luchar contra los efectos negativos de la guerra de Ucrania.
En Madrid Trabaja, hemos hablado con Francisco Aranda, portavoz de la CEIM, quien ha criticado que las medidas relativas al mercado laboral se hayan implementado sin debate dentro del diálogo social con patronal y sindicatos como ha venido ocurriendo durante los últimos cuarenta años.
En primer lugar, ha afirmado que no existen ayudas por un valor de 16.000 millones de euros porque de ellos, diez mil millones son préstamos ICO y “lo último que necesitan las empresas es volverse a endeudar tras lo ocurrido durante la pandemia”.
Aranda ha calificado además de “chantaje” la idea del gobierno de restringir los despidos para todas aquellas empresas que se beneficien de las ayudas anunciadas en ese plan y teme que con esa medida “intervencionista” se ponga en peligro la viabilidad de muchas empresas, especialmente las pequeñas.
El representante de los empresarios madrileños considera esta medida antisocial porque en una situación de crisis, es mejor que una compañía o un autónomo pueda despedir a algún trabajador para asegurar su continuidad y recuperar esos puestos de trabajo cuando se supere esta fase crítica.
Aranda ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz se haya referido a que en esta situación, “las empresas puedan tener la tentación de despedir” porque sus responsables no toman este tipo de decisiones “por capricho”.
Ni siquiera la posibilidad de acudir a los ERTES, es una posibilidad que la patronal madrileña considera viable puesto que representa unos costes para las propias compañías. Se habla de “una ayuda del gobierno por esta vía cuando es al revés ya que un trabajador en ERTE le cuesta a la administración la mitad que una persona desempleada”.
Por otra parte, Aranda, presidente de la patronal de logística UNO, ha valorado que el paro de transportistas está secundado por un número de profesionales que oscila entre el ocho y el diez por ciento tras el acuerdo alcanzado la semana pasado entre el gobierno y las patronales del sector.
