Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Hacienda estudian una propuesta para permitir que todos los funcionarios puedan ampliar de forma voluntaria su carrera laboral más allá del límite legal de 70 años, regulado por ley.
Por lo que, el máximo de la edad de jubilación ascendería hasta los 72 años, de manera voluntaria, según ha propuesto Fedeca (Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado).
Jordi Solé, presidente de Fedeca, ha explicado algunos de los argumentos de servicio público a favor acerca de su proposición. Uno de ellos, es el posible riesgo de que la mitad de las plantillas generaría una "despoblación administrativa", así como la posible transmisión de conocimiento a los jóvenes, en ese periodo de veinticuatro meses, ya que no hay plazo suficiente de transmisión de la experiencia y en esos dos años facilitaría el proceso.
Además, es bueno para la sostenibilidad en pensiones y no supondría “ningún tapón” para la llegada de los jóvenes en la Administración Pública.
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