APIF reclama la dimisión de García Ortiz tras el fallo del Supremo de investigar a Puigdemont contra el criterio de Fiscalía

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha reclamado de nuevo la dimisión del fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz; esta vez, por entender que tras la decisión del Tribunal Supremo de investigar por terrorismo al expresidente catalán y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, la postura del Ministerio Público --que se oponía-- "ha sido desautorizada por unanimidad".

En un comunicado, la APIF incide en que "el caso adquiere mayor gravedad teniendo en cuenta que en junta de fiscales del Supremo, por amplia mayoría (once a cuatro), se mantenía la posición de entender que la exposición razonada del juez de Instrucción de la Audiencia Nacional contenía elementos suficientes para considerar que los hechos investigados se podían incluir en delito de terrorismo y que, además, había indicios para considerar a Puigdemont responsable de ellos".

En este sentido, recalca que el alto tribunal no solo se ha basado en jurisprudencia referida a hechos que han sido considerados como terrorismo sino que, además, cita la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2020 en la que el Ministerio Fiscal aseguró que dichos hechos eran encuadrables dentro del delito de terrorismo. "Apartarse ahora de lo que se mantuvo hace cuatro años debería haber tenido un fundamento jurídico muy sólido para que encuentre justificación", apunta la asociación, al tiempo que insiste en que "la desautorización del Tribunal Supremo pone en evidencia que no hay ningún fundamento para apartarse del criterio que se estableció en 2020".

La APIF sostiene que "ningún cargo, en un sistema democrático, puede mantenerse en el ejercicio de su función cuando, en un asunto tan relevante, queda totalmente desautorizado por la máxima autoridad jurisdiccional de un país, y no es ésta la primera vez, ni la más grave, que eso ocurre".

Así las cosas, insiste en que la dirección del Ministerio Fiscal "exige un nivel en el ejercicio de su función que resulta incompatible con el varapalo recibido". "El Ministerio Fiscal no puede exponerse, ni un minuto más, a esta cadena de desprestigio a la que nos está conduciendo la actuación del fiscal general", añade.

EL GOBIERNO CREE QUE NO INTERFIERE LA LEY DE AMNISTÍA

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que no es "ninguna sorpresa" que el Tribunal Supremo vaya a investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo y ha sostenido que ello no debe provocar "ninguna interferencia" en las negociaciones sobre la amnistía. "No provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal".

"Siempre hemos dicho que sabemos perfectamente qué es terrorismo y qué no lo es", ha insistido Montero, que ha mostrado en cualquier caso su "respeto" al trabajo de la Justicia y de la Fiscalía -que, en este caso, opinaba que no se debe investigar por terrorismo-.

Sobre las negociaciones con Junts para la ley de amnistía, ha señalado que se trabaja con "discreción" para alcanzar un acuerdo. Montero ha asegurado que "la amnistía es imprescindible para pasar página" más allá de lo que pueda suceder con "particulares o tribunales".

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha precisado que la última decisión del Tribunal Supremo no supone la calificación de este fenómeno como terrorismo, sino simplemente arrogarse la investigación de los hechos. "Pongamos normalidad en lo que es un trámite procesal. Todo el respeto a la decisión del Supremo", ha zanjado Bolaños.