Altos cargos del gobierno central declaran como imputados por los contratos de material sanitario

Tres altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez han declarado como imputados, por los contratos realizados para adquirir material sanitario en la pandemia por el Ministerio de Sanidad en la época en la lo dirigía Salvador Illa.

Unos contratos que supusieron un importe de 310 millones de euros y que a juicio de la investigación, presentaban severas irregularidades.

Ha sido a raíz de una querella presentada por Vox en mayo de 2020.

El director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez, ha negado en sede judicial las presuntas irregularidades denunciadas en la compra de material sanitario durante la primera etapa de la pandemia.

Ha asegurado, además, que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba al tanto de las contrataciones.

Jiménez ha sido citado a declarar este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid en calidad de querellado después de que Vox presentara una querella en mayo de 2020 contra él y otros cargos por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la compra de material sanitario por parte del Gobierno en marzo de ese año.

La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, que ha acudido al interrogatorio, ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press que el director de Ingesa ha asegurado que "tenía contacto directo con el ministro Illa, dos veces al día" y que le "mantenía puntualmente informado de toda la contratación" relativa a la compra de mascarillas, respiradores, y pruebas PCR.

Castro ha indicado que el director de Ingesa en el marco de su declaración ha subrayado que el procedimiento de contratación se hizo "bien al 100%". La vicesecretaria jurídica de Vox ha insistido, sin embargo, en que "la Junta de Contratación el mismo día 20 de abril de 2020 ya les dijo que no estaban siguiendo los trámites ni de publicación ni de contratación adecuadas".

EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PEKIN FACILITÓ EL LISTADO DE CONTRATANTES

Según Castro, en el interrogatorio de este jueves los querellados han asegurado que "el listado de los contratantes lo facilitó el embajador de España en Pekín" y se han desmarcado tras destacar que ellos "no tenían ninguna responsabilidad" sobre dicho directorio de empresas.

Desde Vox han hecho hincapié en que "310 millones de las arcas españolas fueron a empresas chinas en las que en muchos casos hubo deficiencias" y en las que, además, se "incumplió" al momento de informar quiénes eran y que experiencia tenían.

Por su parte, Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) del Ministerio de Hacienda ha negado su participación en los hechos que se investigan y ha asegurado que los contratos de respiradores los llevaba "directamente" el secretario general del ministro de Sanidad, según ha incidido Castro.

Así las cosas, el partido ha recordado que Illa, en su momento, avisó que trasladaba estas competencias de Sanidad a Hacienda. "Hoy la directora general de contratación de Hacienda ha dicho que su Ministerio no intervino en ninguna contratación", ha subrayado.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han precisado que la Abogacía del Estado ha acudido en defensa de dos de los querellados y que la Fiscalía, por su parte, no ha asistido al Juzgado.

LA QUERELLA DE VOX

Los de Santiago Abascal presentaron la querella contra director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez, contra Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC); y contra Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (DGSNSF).

Los tres han comparecido este jueves en los Juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid.

En su querella, Vox explicaba que a raíz de la aprobación del decreto del estado de alarma se celebraron una serie de contratos "de la forma más irregular". Aseguró que no estaba justificada la "contratación deficiente, irregular, injustificada, con un sobrecoste muy elevado al de mercado, con empresas sin solvencia técnica ni profesional en este sector"; además "sin la publicidad oportuna".

Desde la formación han explicado que luego se presentó una ampliación de la querella, pero aún no se ha admitido. De momento, no están previstas más declaraciones en el procedimiento.