Anna Gabriel niega ante el juez que cometiera desobediencia en el 1-O

La exdiputada catalana de la CUP Anna Gabriel, portavoz de este partido en el Parlament en la legislatura del 1-O y huida en Suiza durante más de cuatro años, ha negado ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que desobedeciera al Constitucional porque no recibió ningún requerimiento del tribunal.

Gabriel ha comparecido esta mañana ante Llarena para prestar la declaración indagatoria, en la que se le ha comunicado formalmente su procesamiento por un delito de desobediencia, que no conlleva pena de prisión, sino de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.

Fuentes jurídicas han informado de que la exdiputada ha negado rotundamente que recibiera un requerimiento personal del Tribunal Constitucional prohibiendo determinadas cuestiones en el Parlament, por lo que rechaza que cometiera un delito de desobediencia.

La exdiputada ha respondido así a la única pregunta que le ha formulado la Fiscalía, porque a la Abogacía el Estado y a Vox, que ejerce la acusación popular, se ha negado a responder.

Así las cosas, la comparecencia apenas ha durado 15 minutos y ahora el magistrado deberá dictar un auto de conclusión del sumario y remitir la causa a la Sala Segunda del alto tribunal para revisar el procedimiento, que previsiblemente acabará en un juzgado de lo penal de Cataluña, puesto que ya no es cargo público.

A su salida del Supremo, la exdiputada ha dicho que "los principios siguen intactos como no podría ser de otra manera" y ha agradecido el apoyo "a las personas solidarias que han estado al lado de todas las personas multadas, perseguidas" y que "nunca se habría tenido que producir la judicialización".

Visiblemente emocionada porque "son 4 años y medio lejos de casa", Gabriel, que no tiene previsto establecerse en España sino que continuará residiendo en Suiza donde tiene compromisos personales y militantes, no ha querido responder a las preguntas los periodistas y tan solo se ha limitado a realizar una breve declaración.

Como es habitual con las citaciones de políticos independentistas, la exdiputada ha sido acompañada hasta las puertas del alto tribunal por simpatizantes y dirigentes soberanistas. Entre ellos el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ha querido acompañarla para manifestar "que nadie debería comparecer ante este tribunal teniendo en cuenta todas las resoluciones adoptadas por los organismos internacionales".

Desde JxCat, su portavoz Josep Rius, ha incidido en que su formación sigue "apostando por la estrategia de todo el independentismo" para hacer frente también a la "lucha represiva", y ha reiterado que ni Gabriel ni ninguno de los "exiliados" ha cometido ningún delito.

Por su parte, el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, también ha querido mostrar su apoyo frente a la "ofensiva judicial que están sufriendo".

Junto a ellos, también han estado los portavoces de ERC en el Congreso y en el Senado, Gabriel Rufián y Mirella Cortès; la portavoz del secretariado nacional de la CUP, Maria Sirvent, los diputados de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí y Albert Botran, los parlamentarios de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu, así como el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.

La vuelta de Gabriel, símbolo de la izquierda independentista por su papel protagonista como cara visible de la CUP en el Parlament en la legislatura del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, cogió por sorpresa a las fuerzas políticas catalanas, incluido al propio Govern, que desconocía sus planes de regreso.

Gabriel, que huyó a Suiza en 2018 poco antes de ser procesada, se presentó en julio ante el Supremo para regularizar su situación acompañada de su abogado Iñigo Iruin, el mismo que defiende a la exconsellera Meritxell Serret, que hace un año se convirtió en la primera procesada en el caso que regresaba a España para ponerse a disposición del tribunal después de huir a Bélgica en 2018.

Anna Gabriel está procesada por un delito de desobediencia por su participación en el proceso de independencia de Cataluña en 2017 y era la única líder independentista catalana huida en el extranjero contra la que no pesaban ninguna orden internacional o europea de detención dado que el delito no lleva aparejada pena de prisión.