Armengol avaló las mascarillas del ‘caso Koldo’ dos meses después de saber que “ninguna” era utilizable

El Gobierno de Baleares de Francina Armengol emitió un informe en agosto de 2020 con el que certificó que el suministro de mascarillas ejecutado por una empresa supuestamente involucrada en la trama del ‘caso Koldo’ se materializó “de manera satisfactoria”. Dos meses antes, sin embargo, recibió un informe que confirmaba que el material por el que se pagó 3,7 millones de euros del erario público era defectuoso.

El sumario del procedimiento judicial, al que tuvo acceso Servimedia, contiene un expediente del 12 de agosto de 2020 con el que el Ejecutivo socialista de Baleares avaló las mascarillas compradas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la empresa investigada en el ‘caso Koldo’ por facturar 53 millones de euros con el suministro de material sanitario y presuntamente repartir comisiones ilegales.

El documento está firmado por el entonces subdirector de Compras y Logística Servei de Salut de las Islas Balears, Antonio Mascaró Crespí. 65 días antes, el 8 de junio de 2020, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) hizo llegar al Gobierno de Armengol los resultados de los análisis de validez de las mascarillas.

“El resultado de dicho análisis es que ninguno de las cuatro referencias cumple con los requisitos de una mascarilla tipo FFP2 y, en consecuencia, de su equivalencia KN95 que fue el tipo ofrecido y recibido por la empresa”, señala la propuesta de inicio de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato el texto.

Sin embargo, esta propuesta de reclamación no se registró hasta el 6 de julio de 2023, es decir, tres años más tarde y un día antes de que Marga Prohens (PP) tomara posesión como nueva presidenta de Baleares en sustitución de la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol. Y propone solicitar la devolución de 2,6 millones de euros, es decir, el 71% del importe pagado.

CONTRATO “PRECONCEDIDO”

Además de esta cuestión, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trasladó al juez un análisis en el que refleja varias críticas a la forma de proceder en la adjudicación. En primer lugar, señala que aunque la entrega de mascarillas se produjo el 27 de abril de 2020, no fue hasta el 29 de abril, dos días después, cuando se solicitó al órgano de contratación la declaración de tramitación de emergencia para el contrato. Y hasta el 4 de mayo, una semana más tarde, no se produjo la resolución del órgano de contratación en la que se acordaba la tramitación de emergencia de dicho suministro.

“Es decir, la entrega del material sanitario se produjo antes de que se formalizara contrato alguno, incluso antes de que se acordara la tramitación de emergencia de ese suministro en concreto”, concluyen los investigadores, que entienden que la adjudicación “es contraria” al artículo 153.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

“Para más abundamiento en las irregularidades detectadas”, la UCO subraya que “no se ha localizado documentación” sobre la formalización del contrato en el que se recojan la identificación de las partes, la definición del objeto del contrato, las condiciones de recepción de las prestaciones, “ni siquiera comunicación alguna entre las partes”. Tampoco se fija un responsable del contrato que supervise la correcta ejecución del mismo.

Todos estos detalles son exigencias de la propia Ley de Contratos del Sector Público y, a juicio de la Guardia Civil, “es indiciario que la adjudicación estaría preconcedida, cosa que no estaría permitida en la Contratación Pública, ni siquiera en la tramitación de emergencia”.

EL PP PIDE SU DIMISIÓN COMO PRESIDENTA DEL CONGRESO

El Partido Popular reclamó este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, su dimisión "inmediata" porque considera que su situación es "absolutamente insostenible", una vez conocidas las últimas informaciones sobre el 'caso Koldo'.

En este sentido, desde el principal partido de la oposición sentenciaron que la expresidenta dirigió un Gobierno que "Fue conocedor y colaborador activo de una presunta estafa con la compra de mascarillas", y que "aceptó y pagó material sanitario defectuoso, aun sabiendo que no protegía de la covid y que ponía en riesgo la vida de quienes lo usaban".

"Lo almacenó pese a que era inservible y el día en que abandonaba la Presidencia de Baleares pidió la devolución del dinero para intentar protegerse políticamente", lamentaron los populares, quienes cargaron también contra la decisión del Ejecutivo balear de abonar el pago del material con fondos europeos "pese a estar prohibido".

"El Partido Popular reclama su dimisión inmediata porque no puede representar al pueblo balear quien ha generado un perjuicio económico a sabiendas a los ciudadanos de su comunidad autónoma. Debe dimitir como diputada por un quebranto para las arcas públicas y una estafa, según palabras de su compañero José Luis Ábalos. La tercera autoridad del Estado no puede estar bajo sospecha y debe irse para preservar el decoro de la institución que preside", señalaron fuentes del PP.