La Asamblea aprueba la Ley Maestra de libertad educativa para contrarrestar la Lomloe

El proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa, impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para tratar de contrarrestrar la Lomloe estatal, conocida como 'ley Celaá', ve la luz este jueves en el pleno de la Asamblea pese al rechazo en bloque de la izquierda, que han acusado a PP y Vox de "segregar" y de "mentir" a los madrileños.

La Cámara regional ha debatido el dictamen de la ley tras el debate en comisión, que sale adelante con los votos de PP y Vox, que han defendido la nueva normativa educativa autonómica ante el "ataque a la libertad y la calidad" de la Ley Celaá.

Los grupos de la izquierda han presentado al dictamen un escrito de las enmiendas que presentaron a la Ley Maestra, de las cuales solo ha sido aceptada una. Según reza el texto aprobado, la Comunidad de Madrid garantiza con esta ley "la libertad de las familias para elegir el centro y proyecto que desean para sus hijos", porque la libertad de enseñanza se asegura "con la posibilidad real de elección, entre una pluralidad de opciones distintas, proyectos educativos diversos".

"La existencia de una doble red de centros escolares, públicos y privados sostenidos con fondos públicos, permite conseguir una prestación efectiva del servicio público y social de la educación", subraya. Así, defiende además la garantía de los centros educativos para alumnado con necesidades educativas especiales "con discapacidad permanente o trastornos graves de conducta, de la educación y del lenguaje" porque es "aconsejable" la escolarización de alumnos en estos centros si "no pudieran ser atendidas en los centros ordinarios".

Además, garantiza la gratuidad de las enseñanzas obligatorias que se imparten en los centros privados sostenidos con fondos públicos, al igual que apunta que el Ejecutivo regional "promoverá la gratuidad progresiva en las etapas no obligatorias", una de las demandas de Vox para aprobar esta ley, que solicitaba la gratuidad Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional.

La legislación también menciona el "derecho a recibir las enseñanzas en castellano", así como que los centros faciliten "de forma explícita sus programas educativos, los recursos de que dispongan, los servicios complementarios que presenta, oferta educativa disponible e ideario del mismo".

El debate

El diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno ha señalado que esta ley es "un asalto" a la educación pública madrileña, y es "un puro disfraz y una mentira" con respecto a la gratuidad total y la libertad de elección que ya "existe". "Es una ley para confrontar por la batalla de Ayuso en el ámbito estatal para desarrollar sus objetivos", ha espetado Moreno, que ha acusado al Gobierno madrileño de potenciar los conciertos educativos "que hacen negocio con la educación" y de "financiar a empresas que segregan por sexo".

"La derecha y la ultraderecha siguen en la segregación", ha espetado la diputada socialista Marta Bernando, que ha criticado que no se impulsen las "olas inclusivas" para el principio de equidad en las aulas para los alumnos con necesidades especiales.Bernardo ha celebrado que, aunque se apruebe esta normativa autonómica "todo va a seguir igual", ya que "nunca va a estar por encima de la ley nacional".

El diputado de Más Madrid Antonio Sánchez ha lamentado que hoy "toque de hablar del fin del reinado de la educación pública en la Comunidad de Madrid", en lugar de hablar de acabar con la "segregación" o la bajada de ratios. Y ha reprochado a PP y Vox que no aceptara una de sus enmiendas que garantizaba "recursos materiales y humanos" para alumnos con necesidades especiales porque "les gusta la selección socioeconómica del alumnado".

Por su parte, el diputado de Vox Jaime de Berenguer ha asegurado que, gracias a esta nueva ley, "ningún español tendrá más cobertura educativa que un madrileño", ya que las etapas no obligatorias, ha dicho, "van a estar garantizadas" y "libres de tiranos" de la izquierda.

La diputada del PP Lorena Heras ha recordado que esta ley surge como respuesta al "ataque a la libertad y la calidad de la ley Celaá" y se trata de una promesa que Díaz Ayuso hizo cuando concurrió a las elecciones del 4 de mayo y que fue "refrendada" con miles de votos de los madrileños.