Ayuso inicia el trámite para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la ley de amnistía

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha avalado el informe solicitado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre la ley de amnistía, que recurrirá en su totalidad ante el Tribunal Constitucional "en un plazo de tres meses".

Así lo ha avanzado la presidenta madrileña en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria este miércoles en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Las comunidades gobernadas por el PP han anunciado que llevarán al Constitucional la norma tras su entrada en vigor el martes con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero esperarán a que los jueces presenten cuestiones de inconstitucionalidad sobre la norma.

Tras su aprobación en el Congreso de los Diputados, Díaz Ayuso avanzó que el Gobierno regional iba a presentar "ya mismo" el recurso, como iniciativa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con todas las comunidades gobernadas por los populares, pero no antes de que se planteen las primeras cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por parte de los tribunales españoles.

Apenas unas horas después de su entrada en vigor, algunos jueces y tribunales han puesto sobre la mesa la clave que puede poner en peligro la amnistía para los condenados o procesados por malversación: que los hechos hayan causado un daño económico a la UE, una exclusión que recoge la propia norma, como el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y el Tribunal de Cuentas, que ya han desvelado que la afectación a los intereses de la UE apunta a ser la clave para incluir o no la malversación en los delitos perdonados.

La presidenta regional ha calificado la amnistía como "la ley más corrupta de la democracia" que atenta contra la Constitución, la separación de poderes e igualdad de todos los españoles ante la ley, y "no finaliza nada", en alusión al conflicto en Cataluña, sino que "abre la puerta" a un referéndum.

Ante esta "infamia", ha subrayado Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid no podía quedarse "de brazos cruzados" y solicitó un informe a los servicios jurídicos, que han emitido un dictamen que avala la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma.

En su argumentación, la Abogacía del Gobierno regional denuncia que la ley de amnistía afecta "a los pilares básicos sobre los que se asienta nuestra Carta Magna", y defiende que un Estado de derecho "no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales".

Los servicios jurídicos consideran que "supone una ruptura con la separación de poderes porque, a través de ella, el legislativo invade las funciones del judicial, "único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", subrayan.

La Comunidad de Madrid considera que no se puede admitir una ley que crea "un estatuto privilegiado" para los dirigentes de una comunidad autónoma, amparando conductas contrarias a Derecho y rompiendo con la igualdad de todos los españoles ante la ley reflejada en el artículo 14 de la Constitución.