Ayuso lleva hasta la Audiencia Nacional el nuevo impuesto de Patrimonio del Gobierno

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso presenta nuevas acciones judiciales contra el nuevo impuesto de Patrimonio aprobado por el Gobierno, en este caso, con un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidación.

La Comunidad de Madrid no cesa en la batalla en los tribunales contra este tributo, que ya recurrió ante el Tribunal Constitucional, al igual que hizo Andalucía y Galicia, lugares donde también está suprimido. El recurso fue admitido a trámite pero descartó su suspensión mientras se resolvían los recursos, como se había solicitado.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha informado de la presentación de este recurso, que se realizó el pasado 12 de septiembre ante la Audiencia Nacional, contra la orden ministerial que aprueba el modelo para su liquidación, en la que se reitera quiénes están obligados a su declaración, así como el lugar, forma, plazos, condiciones y su procedimiento.

García ha subrayado que el Ejecutivo madrileño emprende esta nueva acción tras recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, porque considera necesaria la impugnación de todas las disposiciones normativas que deriven de su entrada en vigor.

El Ministerio de Hacienda informó este miércoles de que este impuesto temporal, de dos años de duración que afecta a patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, ha recaudado en 2023 un total de 623 millones de euros, afectando a 12.010 grandes patrimonios. La mayoría corresponden a grandes patrimonios de Madrid (10.302 contribuyentes) que han aportado 555 millones de euros.

El Gobierno madrileño considera que el nuevo impuesto de Patrimonio invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera, lesiona la seguridad jurídica y "viola" el principio de lealtad institucional, además de afectar sobre todo a madrileños y andaluces.

"Seguiremos dando la batalla contra este impuesto, que lesiona las competencias autonómicas y es muy contrario a los intereses de los madrileños porque hace que la inversión no llegue", ha asegurado García.Los argumentos del Gobierno regional contra este impuesto son la vulneración de "varios principios recogidos en la Constitución Española", tanto en el procedimiento para aprobar el impuesto como la naturaleza del mismo.

Así, el portavoz del Gobierno regional ha señalado que supone un atentado contra la autonomía regional para la gestión de los tributos cedidos, como es el caso de Patrimonio que en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100% desde 2008.

Además, su tramitación se llevó a cabo a través de una enmienda en un proyecto de Ley que no estaba relacionado, obviando el desarrollo parlamentario ordinario, sin someterse a consulta pública y sin contar con memoria económica ni dictamen del Consejo de Estado.

Por otro lado, su aplicación tuvo efectos retroactivos para todo 2022, a pesar de que entró en vigor el 29 de diciembre de ese año, lo que supone, según el Ejecutivo autonómico, un grave perjuicio para los ciudadanos que no contaban con soportar esta carga fiscal en ese ejercicio, vulnerando el principio de seguridad jurídica.

Asimismo, atenta contra los principios de capacidad económica y confiscatoriedad recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución Española, que señalan que “se contribuirá al sostenimiento de los gastos públicos en función a la capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Sin embargo, se trata de una tasa definida como temporal, inicialmente exigible para dos años, período para el cual se han determinado unos tipos imponibles que son estimativos y presuponen una manifestación de riqueza ficticia, sin tener en cuenta los recursos del contribuyente.

Junto a ello, el Gobierno regional considera que no se ha justificado la creación del gravamen al no existir una necesidad recaudatoria real, ya que se ha alcanzado una cifra récord en estos momentos debida a la coyuntura económica y a la desmesurada presión fiscal que práctica la política Gobierno de España sobre los impuestos. De esta manera, se ha ignorado lo recogido en la Constitución Española en cuanto a la arbitrariedad de los poderes públicos.