El exconsejero madrileño Borja Sarasola ha negado ante el juez del caso Púnica que en el PP de Madrid hubiera una caja B, y también ha rechazado la participación o celebración de una reunión en junio de 2012 en la que supuestamente Ignacio González pidió un millón de euros para el partido.
El que fuese viceconsejero de Vicepresidencia con Esperanza Aguirre y después consejero con Ignacio González ha comparecido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su supuesta relación con el presunto "entramado" dirigido a financiar "de forma opaca y fraudulenta" las campañas del PP de Madrid a las autonómicas de 2007 y 2011, y a las generales de 2008.
Según fuentes presentes en la declaración, Sarasola ha admitido que acompañó a la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre a algunas reuniones, si bien ha negado que en ellas se tratase ningún asunto económico o relativo a las contrataciones. En esta línea, ha asegurado que nunca llevó ni estuvo al tanto de los temas económicos del partido, y ha negado que, hasta donde conoce, existiese una supuesta caja B, y si la había, ha dicho -según las fuentes-, lo desconocía.
El juez en un auto ubica a Sarasola, también exvicepresidente de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), en una reunión celebrada el 7 de junio de 2012 en la que supuestamente el expresidente madrileño Ignacio González pidió a representantes de tal entidad y del Canal de Isabel II "un millón de euros para sanear la caja B" del PP de Madrid. Sin embargo, Sarasola ha indicado al juez que esa reunión no se pudo producir porque aquel día había sesión de control al Gobierno madrileño y algunos de los integrantes estaban allí, y ha añadido que es algo fácilmente comprobable.
Por otra parte, el exconsejero -de quien los investigadores sospechan que conocía la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid- ha mencionado que fue la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le presentó al empresario Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados de la trama. Pero, según las fuentes, Sarasola ha enmarcado dicha presentación dentro de la normalidad al tratarse de un empresario que había hecho trabajos de reputación online de políticos del PP, algunos de ellos investigados por si se pagaron con dinero público.
Respecto a este tipo de trabajos que los investigadores creen que se hicieron para su imagen personal, Sarasola se ha desvinculado de los mismos y ha asegurado no haber realizado ningún encargo de este tipo ligado a su cargo.
Cifuentes, citada a declarar el 9 de octubre
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado a declarar en calidad de investigada el próximo 9 de octubre a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, cuya primera citación estaba prevista para este martes y fue suspendida por razones de agenda de su abogado, según informan a Europa Press en fuentes jurídicas.
Cifuentes está investigada en la trama Púnica de corrupción por la adjudicación de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco en los años 2009 y 2011, cuando ella presidía la mesa de contratación y además, formaba parte del comité de expertos que evaluó a los aspirantes.
El auto de imputación de García Castellón recuerda que además, Cifuentes era patrona de Fundescam en el año 2007, cuando se efectuaron las donaciones por el investigado Arturo Fernández, y formó parte del comité regional de campaña del PP de Madrid en aquellas autonómicas.
