Canarias desafía al Gobierno y no aceptará menores migrantes sin identificar

El Gobierno regional de las islas atlánticas de Canarias oficializó este jueves un protocolo que resume su postura en su pulso legal abierto respecto a la tutela de los menores llegados en patera: no los aceptará en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada.

La red de menores de Canarias lleva meses desbordada por la continua llegada de pateras y cayucos al archipiélago y el bloqueo de la reforma legal que pretendía distribuir de forma obligatoria su acogida entre todas las regiones españolas, en vista de que los traslados voluntarios pactados no han funcionado.

Con más de 5.300 menores africanos en sus recursos sociales, hace dos semanas se produjo un incidente en la isla de El Hierro (donde no quedaban ya plazas) que llevó al presidente regional, Fernando Clavijo, a anunciar que iba a tomar medidas de carácter legal para proteger los derechos de los menores y evitar riesgos jurídicos a los trabajadores de los centros de menores, tanto empleados públicos como de ONG.

Es por eso que este jueves publicó en su boletín oficial este protocolo, en el que deja claro que los menores inmigrantes que llegan en embarcaciones irregulares a las costas canarias competen inicialmente al Estado.

El texto dice expresamente que quiere poner fin al "desorden" que observa desde hace meses en la entrega de menores inmigrantes a su región, lo que con frecuencia se hace solo con "un acta o listado" que no permite identificar a cada chico, poniendo así en peligro sus derechos, advierte.

"La debida trazabilidad del menor está en riesgo y se posibilita la confusión de identidades entre menores, como ha ocurrido", dice, en los fundamentos que preceden a los artículos con las condiciones de entrega que exige al Estado que respete.

En adelante, el Gobierno canario entendería que un menor rescatado por Salvamento y entregado a la Policía o interceptado por las fuerzas de seguridad en la costa "no está abandonado ni desamparado, sino bajo custodia del Estado", por lo que no compete directamente a la administración canaria su acogida.

Exige, además, que si después ese niño es entregado al Gobierno de Canarias para que lo tutele, "se cumplan los protocolos", entre ellos la realización de una entrevista al menor para conocer si es un potencial solicitante de refugio, asilo o protección internacional, materias que no son competencias de la comunidad, o si tiene algún familiar en España o cualquier otro país de la Unión Europea "que lo pueda acoger". En caso de determinarse que debe entregarse al menor, solo se producirá cuando se "verifique" que hay plazas disponibles.

El ministro español de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dijo que el texto "está siendo analizado, obviamente, por los servicios jurídicos del Gobierno de España por si pudiera tocar alguna competencia que es estatal, algo que se hace siempre que se hace alguna publicación".

El ministro ha vuelto a insistir en que se debe ser "responsable" en las afirmaciones que se hagan respecto a la situación migratoria por la que atraviesan Canarias y Ceuta, sobre todo "si realmente se cree que los menores que llegan son población vulnerable".