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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha visitado Barcelona para reunirse con las asociaciones que defienden una educación bilingüe en catalán y castellano. Una reunión, en la que el líder de la oposición ha propuesto la creación de un cuerpo de Alta Inspección Educativa y ha prometido crear una ley de Lenguas cuando llegue al gobierno.

Acudir a los tribunales

Casado, ha avisado este martes a la Generalitat que está dispuesto a acudir a los tribunales por los "delitos" que, a su juicio, se están cometiendo con el caso del niño de Canet de Mar. Además de llevar este asunto a Europa y volver a pedir a Pedro Sánchez que aplique el artículo 155 de la Constitución, ha anunciado una ofensiva legislativa que incluye aprobar una ley para crear el cuerpo de Alta Inspección Educativa que acabe con el "adotrinamiento" y una Ley de Lenguas a nivel nacional en la que el catalán no sea requisito en el acceso a la función pública.

Así se ha pronunciado tras verse en Barcelona con asociaciones en defensa del bilingüismo en Cataluña tras la polémica abierta por el caso de la familia de Canet de Mar, que ganó en los tribunales un 25% de escolarización para su hijo. En concreto, se ha reunido con Asamblea Escuela Bilingüe, Sociedad Civil Catalana, S'ha Acabat, Impulso Ciudadano, Universitaris per la Convivencia, Convivència Cívica Catalana, AMES y Ampas Paralel.

Veneno nacionalista

Junto al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, Casado se ha preguntado "hasta dónde ha llegado el veneno nacionalista para señalar a un pobre niño de 5 años" y defender que se le "aisle". También ha censurado que se haya "boicoteado" el negocio de la familia y se haya solicitado el "apedreamiento de su casa". "Esto ya llega demasiado lejos", ha enfatizado.

El presidente del PP ha explicado que ha viajado a Barcelona a verse con esas asociaciones para defender "los derechos civiles" y las "libertades fundamentales de muchas familias". "Es una cuestión en defensa del sistema democrático", ha proclamado, para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de no dar la "batalla" para poder seguir en la Palacio de la Moncloa y "dejar desamparada a la familia y al niño" de Canet.

La lengua para separar

Tras comparar este caso con otro de segregación racial que se vivió en su día en Estados Unidos en el mandato de Kennedy, ha afirmado que en este caso se está produciendo "un auténtico apartheid lingüístico" y ha añadido que el independentismo está "utilizando la lengua como un instrumento de ingeniería social". "Están utilizando la lengua para etiquetar y separar a los ciudadanos en ciudadanos de primera y de segunda", ha enfatizado.

Tras asegurar que el PP ya ha registrado una declaración institucional de condena por lo que "está haciendo la Generalitat y los agitadores contra la familia" de Canet, Casado ha anunciado una proposición de ley para la creación del cuerpo de Alta Inspección Educativa para garantizar "el fin del adoctrinamiento" en toda la enseñanza nacional, la libertad lingüística y evitar la ineficacia que la Alta Inspección ha tenido hasta ahora.

Además, se ha comprometido a aprobar una Ley de Lenguas a nivel nacional para "blindar, tutelar y defender" la libertad de elección de lengua en la educación, la libertad de acceso a la función pública sin que la lengua sea requisito en todo el territorio y la neutralidad del espacio público lingüístico:

También llevará una "acción europea" que incluye una pregunta escrita ante la Comisión Europea para que se garanticen los derechos de la familia de Canet y llevar el caso a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Asimismo, llevará este asunto al Consejo de Europa para "tutelar el cumplimiento de sentencias judiciales con las libertades de un menor y su familia".

Aviso al gobierno de Aragonés

Casado ha avisado que el Govern está "cometiendo delitos" ante el desacato a las sentencias judiciales. Además, ha añadido que será un delito de desobediencia si se retrasa en el tiempo y "si sigue persistiendo en esta actitud, estaría cometiendo un delito de prevaricación".

"Avisamos al conseller de Educación y el presidente de la Generalitat que si persisten en esta actuación y el Gobierno de España no hace nada, nosotros mismos acudiremos a los tribunales para recabar la tutela judicial efectiva por la comisión de estos delitos", ha advertido.

Al ser preguntado cómo valora que el Govern haya confirmado que irá a la manifestación contra la sentencia del 25%, Casado ha respondido: "Que se atenga a las consecuencias. Cuando un representante público incumple la ley, todos somos iguales y, por tanto, se enfrenta a las penas que prevé el Código Penal", ha manifestado.