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El presidente del PP, Pablo Casado espera que Pedro Sánchez recurra el fondo que ha creado la Generalitat catalana para cubrir las fianzas de los independentistas indultados. El Partido Popular sí recurrirá, aunque debe decidir si ante el Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de Cataluña.

El PP asegura que cuando se paga un chantaje una vez, éste continúa hasta el infinito. Mientras, Ciudadanos le pide al Gobierno que intervenga las cuentas de la Generalitat.

La Generalitat crea un fondo de 10 millones para ayudar a los encausados por el Tribunal de Cuentas

Después de que la Generalitat haya creado un fondo de 10 millones para cubrir las finanzas de los investigados por el Tribunal de Cuentas, Casado ha asegurado que espera que el Ejecutivo actúe ante ese paso del Gobierno catalán que dirige Pere Aragonès. "Es lo que pedimos ayer y es lo mínimo que tienen que hacer por responsabilidad", ha manifestado.

Ha reiterado que su formación presentará un recurso por presunto delito de malversación y prevaricación. "Tendremos que decidir si vamos al Tribual Superior de Justicia de Cataluña o al Constitucional", ha señalado.

Más malversación y no concordia

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado que la respuesta del Gobierno catalán a los indultos a los condenados por el 'procés' no ha sido "concordia" sino "más malversación" y ha recalcado que cuando se paga "un chantaje", se "continúa pagando hasta el infinito".

García Egea ha afirmado que "lo propone el Gobierno de la Generalitat es la continuación del chantaje". "Por tanto, yo me pregunto ¿Van a crear un fondo para pagar las multas de todos los españoles cuando estos incumplan la ley como han hecho los golpistas?", ha interpelado.

El Gobierno lo estudiará

La respuesta del Gobierno ha sido que estudiará y “recurrirá” si no está “con arreglo a ley” la decisión del Govern de avalar a los 34 ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por el empleo de dinero público para promocionar el referéndum del 1-O de 2017.

Así lo ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha señalado que la Generalitat de Cataluña, al igual que otros gobiernos autonómicos, sabe que se debe trabajar “en los límites de la legalidad” –lo que “no es optativo, sino obligatorio”- y ha reiterado que la Abogacía del Estado estudiará esta cuestión. “Nosotros estudiaremos cuando esta situación se produzca, y si no está con arreglo a ley será evidentemente recurrida”, ha señalado.

Cs pide intervenir las finanzas catalanas

Por su parte, Ciudadanos ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga las finanzas de Cataluña de acuerdo con la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como decretó en 2015 el Ejecutivo de Mariano Rajoy, para parar el fondo del procés de 10 millones de euros.

Una reclamación que ha hecho el vicesecretario general de Cs, Edmundo Bal, en una rueda de prensa en la sede del partido, para tratar de impedir este fondo de diez millones de euros destinado a ayudar a los dirigentes independentistas a los que el Tribunal de Cuentas pide fianzas millonarias por promover el procés.

Bal ha insistido ha exigido esta supervisión financiera y económica extraordinaria, que el Gobierno levantó en diciembre de 2020 tras cinco años vigente. "Ahora, después de los indultos, tratan de perdonar la deuda a estas personas condenadas por delitos de malversación", ha lamentado Bal.