La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha asegurado que las "amenazas" de la familia Franco no impedirán que se realice la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, porque ya se ha tardado "bastante" y la postura expresada por los familiares "no cambia nada".
El Gobierno ha aprobado hoy la incoación del expediente administrativo, que se contempla en el decreto ley para la exhumación de los restos de Franco, por el que se da 15 días a la familia para presentar alegaciones y comunicar el destino para enterrar los restos. En el caso de que no comunique este lugar, será el Gobierno el que decida dónde se hará la nueva inhumación.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Celáa se ha referido de esta manera al escrito remitido por la familia de Francisco Franco en la que advierte al Ejecutivo de que podría incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones, además de otro de "profanación de sepultura". "Las amenazas no van a cambiar nada la determinación del Gobierno", ha afirmado Celáa sobre la exhumación de los restos de Franco, porque "no puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático para un dictador" y ha añadido: "Ya hemos tardado bastante. Vamos a ello, no cambia nada".Desde el Gobierno se mantiene que para finales de año, "para Navidades", puede estar terminado el procedimiento.
Respecto a la conversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil, ha precisado que esa es la intención del Gobierno, lo que "puede ser contrastado" con el resto de fuerzas parlamentarias, ya que el decreto, una vez convalidado en el Parlamento, "va a ser tramitado como proyecto de ley" y se podrán interponer enmiendas.
LEGUINA Y RUIZ GALLARDÓN FIRMAN UN MANIFIESTO EN CONTRA
Más de 200 políticos, historiadores y otros expertos, como los expresidentes madrileños Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón, han firmado un manifiesto de la Fundación Nacional Francisco Franco contra la reforma de la ley de Memoria Histórica del PSOE y de la exhumación de Franco.
El texto, 'Manifiesto por la historia y la libertad', apunta que "no se puede imponer por una ley un único relato de la historia", ya que ninguna normativa "debe o puede varias los hechos históricos".
El historiador Stanley Payne, los políticos Jaime Mayor Oreja, Joaquín Leguina, María San Gil, Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio Camuñas, Alejo Vidal Cuadras o Santiago Abascal, el bisnieto del dictador Luis Alfonso de Borbón o el militar Santiago Milans de Bosch lo han suscrito. Otros firmante son el catedrático Francisco Sosa Wagner, el sociólogo Amando de Miguel, el exbanquero Mario Conde, el exembajador en el Vaticano Francisco Vázquez, los eurodiputados Javier Nart y Enrique Calvet o el miembro de la Real Academia de la Historia Serafín Fanjul.
A su juicio, el anuncio de una Comisión de la Verdad ataca "directamente los fundamentos de la Constitución" y los "valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra", por lo que si se aprobara , "chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu", denuncian.
"No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron", apunta el escrito.Asimismo, considera que los hechos ocurridos "no puede ceder a ninguna manipulación política partidista".
"Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida", critican desde la Fundación Francisco Franco.
Para los firmantes, en España viene "perpetrándose un inadmisible y flagrante historicidio desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007". No obstante, aseguran que el PSOE pretende ahora "una vuelta de tuerca más" con la "intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos".
"Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles", apostillan, a la vez que advierten de que se puede "reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos". Por todo ello, consideran que la ley "debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma". "La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender", apuntan.
