Comunidad de Madrid y Canarias piden al Gobierno un protocolo de detección de edad de migrantes

Las consejeras de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y Canarias, Ana Dávila y María Candelaria Delgado, han alertado de que el Gobierno está poniendo “en riesgo” a los menores migrantes al no contar con un protocolo de detección de edad que determine “lo antes posible” una “adecuada identificación” para que las comunidades autónomas les puedan dar protección.

Ambas consejeras se han reunido este martes en Madrid para abordar la crisis migratoria con la finalidad de “establecer un canal directo de comunicación entre ambas administraciones”.

En declaraciones a los medios, la consejera canaria ha explicado que en su comunidad están viendo cómo los menores migrantes son trasladado a otras comunidades “camuflados” con los mayores, mientras que también hay mayores en centros de menores por la falta de este protocolo.

Delgado, al igual que Dávila, ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que instauren en los CATE, los Centro de Atención Temporal de Extranjeros, los protocolos que determinen en este primer centro la edad de los migrantes para proteger a los menores y, además, poder trasladar a estos menores entre comunidades mediante los convenios que ya existen para que se haga “con todas sus garantías cuando la comunidad tiene el recurso para atenderlos”.

Dávila ha detallado que en este primer mes de enero de 2024 han llegado a la Comunidad de Madrid 401 menores, cuando la media del año pasado era del 77 menores al mes. Por su parte, la consejera del Gobierno canario ha explicado que están tutelando ahora mismo a unos 5.150 menores, de los cuales unos 1.800 aún no se ha determinado su edad.

Falta de financiación

Tanto la consejera madrileña como la canaria coinciden en que esta “primera actuación” de determinar la edad de los migrantes en la principal para abordar esta crisis, pero también han coincidido en la falta de financiación con la que cuentan para atenderlos.

Delgado ha dicho que el presupuesto mensual para atender a los más de 5.000 menores “ronda los 11 millones de euros”, unas cifras que considera que son “insostenibles para cualquier comunidad”.

Igualmente, Dávila ha insistido en pedir al Gobierno información sobre “qué planes tiene” para estas personas, con la finalidad de “poder cuantificar” las necesidades que tienen y elevar los recursos de los que disponen, ya que ha insistido en que la llegada de menores se ha multiplicado.

De la misma forma, han coincidido en pedir al Ejecutivo mayor financiación para hacer frente a la crisis migratoria, ambas consejeras han compartido la petición que le hizo Dávila recientemente al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de elevar al 50 por ciento la financiación que obtienen las comunidades autónomas para la atención a la dependencia.

Según ha recordado Dávila, en Madrid, la financiación estatal que obtienen para dependencia es del 31 por ciento, mientras que el País Vasco recibe un 50 por ciento "gracias a los acuerdos que ha llegado el Gobierno con el PNV", ha criticado Dávila al tiempo que ha pedido que haya igualdad entre comunidades.