La Comunidad comienza de oficio los expedientes de responsabilidad patrimonial en las viviendas afectadas por L7B de Metro

La Comunidad de Madrid ya ha comenzado de oficio los expedientes de responsabilidad patrimonial derivados de los daños causados por la línea 7B de Metro que afectan a vecinos de San Fernando de Henares.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, el principal objetivo es "agilizar los trámites burocráticos" para ofrecer soluciones rápidas tanto para el arreglo de las viviendas como una indemnización por el derribo de las mismas.

Además, se ofrecerá un trato individualizado a cada uno de los vecinos perjudicados por el suburbano y así poder avanzar más rápido en la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Fernando ha declarado en ruina legal urbanística las edificaciones situadas en la calle Presa números 4, 17,19, 21, 23, 25,27, 29 y 31 y 33; calle Rafael Alberti números 1 y 3; calle Pablo Olavide números 9 y 11 y calle Nazario Calonge,5.

"No obstante, se deja abierta la posibilidad de incluir nuevos inmuebles afectados en el caso de que se dieran las circunstancias y requisitos legales para ello", ha añadido el Gobierno autonómico.

Tienen la consideración de interesados las personas físicas o jurídicas titulares de los bienes inmuebles citados; las personas físicas ocupantes de las viviendas situadas en los edificios citados; las personas físicas o jurídicas titulares de actividades económicas desempeñadas en los edificios citados y cualesquiera otros que acrediten ostentar un derecho o interés legítimo o bien, que ello se deduzca de la tramitación del correspondiente procedimiento.

Estos procedimientos de responsabilidad patrimonial se inician sin perjuicio de la posible intervención de otros agentes en la producción del daño cuyas responsabilidades se determinarán en la tramitación de los expedientes y respecto a los cuales la Consejería de Transportes e Infraestructuras se reserva las acciones legales necesarias para exigir y resarcir los perjuicios que les sean imputables.