Las Comunidades se coordinan para poner en común los datos de los afectados por iDental

Las comunidades autónomas afectadas por el fraude de iDental han acordado hoy con el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata coordinarse y poner en común los datos de los cientos de miles de perjudicados para agilizar la investigación de esta macrocausa.

A la reunión han acudido representantes de las 14 comunidades afectadas, es decir, todas menos Navarra, Baleares, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Según han señalado a la prensa algunos representantes de las comunidades que han asistido al encuentro, la Comunidad Valenciana sería la región más afectada, con 200.000 perjudicados. En Andalucía se contabilizan 90.000, Cataluña tendría en torno a 42.000, Murcia 22.000 y Aragón 12.000.

En dicho encuentro el magistrado ha establecido con las regiones unas directrices para que éstas entreguen a la Audiencia Nacional los historiales clínicos de los pacientes afectados, según han trasladado los representantes.

Unos pasos consensuados por todos los asistentes y que pondrán en marcha en las próximas semanas a través de un oficio que remitirá el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Además, el Ministerio de Justicia también ha puesto en marcha de una oficina especial para apoyar la gestión de esta macrocausa y ha creado una aplicación informática específica para la eficaz tramitación del procedimiento judicial, donde también cabrán recursos específicos para los afectados.

Por parte de la Comunidad Valenciana, la más afectada con 200.000 usuarios, su directora general de la Alta Inspección Sanitaria, María Victoria Garrido, ha calificado la reunión como "muy útil" y ha explicado que en los próximos días el magistrado les hará llegar las instrucciones para proceder a la entrega de los historiales.

En la Comunidad Valenciana, ha dicho, hay cinco clínicas y dos de ellas, en las ciudades de Valencia y Alicante, concentran 70.000 afectados cada una.

Garrido ha explicado que la Conselleria recibió en 2017 una primera denuncia y actuó de oficio para inspeccionar a iDental, contra el que Consumo tiene además un procedimiento sancionador abierto.

El subdirector de Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Blas García, ha calificado el encuentro de "positivo" y ha alabado la iniciativa del magistrado de poner en común los historiales clínicos de todos los pacientes, sobre todo para poder darles cuanto antes continuidad asistencial.

También ha señalado que el juez les ha instado a dar visibilidad a esta causa a los medios de comunicación para que se conozca "que la justicia está actuando".

Para proceder a la unificación de la información en la región, la Junta de Andalucía ha dispuesto responsables provinciales en tres de sus provincias para recoger toda la documentación clínica y comunicar cuanto antes a los afectados los pasos que tienen que seguir.

En Cataluña hay unos 42.000 afectados, según Aurora Jover, subdirectora general de Inspección Sanitaria, quien ha calificado la reunión de "muy provechosa", ya que se conseguirá facilitar las gestiones a los afectados.

"En este momento están solicitando sus historiales clínicos y estamos clasificándolos para podérselos entregar lo más rápido posible", ha explicado Jover.

Ha indicado además que la Agencia Catalana de Consumo está facilitando a los afectados la interposición de reclamaciones y se mantiene en contacto con las entidades financieras para que los usuarios de iDental puedan finalizar sus tratamientos en otros centros.

Desde la región de Murcia, con 22.000 personas atendidas, de las cuales aproximadamente 600 han reclamado la solicitud de historia clínica, han considerado "muy positivo" que el magistrado aúne las actuaciones de todas las comunidades y ponga en común directrices a seguir.

Así lo ha expresado Jesús Cañavares, subdirector general de Inspección en la Consejería de Sanidad, que ha añadido que el hecho de poner en común directrices también beneficiará a los afectados para que se agilice el trámite de los historiales.

En Aragón se contabilizan por ahora 12.000 afectados, de los cuales 800 han interpuesto ya reclamaciones, según ha explicado la directora general de Protección de Consumidores, Rosa María Cihuelo.

Para Cihuelo, la reunión de hoy completa las actuaciones que ya ha puesto en marcha su comunidad, que ha establecido un protocolo para que los perjudicados puedan ser atendidos de sus dolencias.