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Cuarenta entidades constitucionalistas han firmado un manifiesto en contra de la reforma del delito de sedición que aseguran “busca beneficiar a unas personas concretas y se plantea por razones políticas coyunturales y todo ello, sin un amplio consenso político”.

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Recuerdan que en otros países de nuestro entorno disponen de tipos penales que velan por la proteccion del orden constitucional así como de la integridad del propio Estado.

"La reforma que se pretende aprobar supondrá una desprotección de nuestra Constitución como marco democrático de convivencia”, afirma el comunicado.

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Creen que “es inaceptable que esta reforma se haya planteado como una proposición de ley, eludiendo los informes pertinentes de los órganos consultivo y sin un acuerdo transversal entre los principales partidos políticos”.