Denuncian posible conflicto de intereses en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos

El próximo jueves la ex fiscal general de Estado, Dolores Delgado, será nombrada con toda probabilidad nueva fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Una decisión que ha puesto en pie de guerra a un sector de la Fiscalía, que denuncia que puede incurrir en un conflicto de intereses. En la actualidad, Delgado es pareja del ex-juez Baltasar Garzón, cuyo despacho de abogados está especializado en estas materias a nivel nacional e internacional.

El Consejo Fiscal celebrará este jueves un Pleno donde se decidirá la plaza a fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos a la que aspira la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, a pesar de que la mayoría de los vocales que forman el órgano consultivo habían pedido a su sucesor, Alvaro García Ortiz, que paralizara esta propuesta de nombramiento por el adelanto electoral al 23 de julio.

Fue el pasado 11 de mayo cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva oferta de plazas para la carrera fiscal, un total de nueve, entre las que cabe resaltar dos de nueva creación, las de fiscales de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, y contra Delitos de Odio y Discriminación.

Delgado es una de los cuatro aspirantes a la de Memoria Democrática y Derechos Humanos, por la que también compiten Juan Calparsoro, de la Fiscalía de Guipúzcoa; Luis Ibáñez, de la Fiscalía Antidroga; y Carlos Castresana, que ejerce en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Destaca este último por cuanto fue el candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) en 2021.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press avanzan que lo más probable es que Delgado se haga con la plaza por deseo expreso de García Ortiz, como ya ocurrió el pasado septiembre, cuando ascendió a la máxima categoría (fiscal de sala en el Tribunal Supremo), en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal.

Entonces, solo recabó cuatro de los diez votos en juego, si bien cabe recordar que el Consejo Fiscal es un órgano consultivo, por lo que en materia de nombramientos se pronuncia pero la decisión final compete al jefe del Ministerio Público que, en este caso, se decantó por Delgado.

A ello se suma que, desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática que creó esa plaza, primero fue la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien asumió las funciones y, después, la propia Delgado, por orden de García Ortiz, al considerar que tiene un amplio conocimiento en la materia.

LA ASOCIACION INDEPENDIENTE Y LA ASOCIACION DE FISCALES INSTARON A SUSPENDER

Este Pleno estaba previsto para el 19 de junio pero García Ortiz lo adelantó al día 8 para que los trámites administrativos posteriores a la propuesta de nombramiento no se vean entorpecidos por el periodo pre electoral, según explicaron las fuentes consultadas.

En este contexto, tanto el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, como los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- enviaron escritos a García Ortiz instándole a suspender el cónclave argumentando que pronto podría haber un nuevo Gobierno y "tal vez" otra persona al frente del Ministerio Público.

"Ninguno de los anteriores fiscales generales del Estado, una vez disuelto el Parlamento, ha realizado nombramientos de plazas discrecionales, y los que estaban pendientes quedaron diferidos para una vez que se aprobase o confirmase el nombramiento de fiscal general por el nuevo parlamento y gobierno", destacó la AF.

En este sentido, indicó que estos nombramientos discrecionales suponen elevar a la cúpula fiscal a personas "que son de la confianza del actual fiscal general del Estado, pero que puede que no compartan razones de política criminal con el próximo".

Por su parte, Viada aseguró en su misiva que este movimiento ha generado "mucha alarma" en la carrera fiscal, por lo que pidió a García Ortiz que suspendiera el Pleno o, al menos, se abstuviera en la adjudicación de la plaza a la que opta Delgado.

El presidente de la APIF no cuestionó la legalidad de anticipar la reunión del Consejo Fiscal sino "la oportunidad", por cuanto "en pocos meses se va a conformar un nuevo Gobierno, y tal vez, un nuevo fiscal general del Estado va a ser designado".

En todo caso, cree que García Ortiz no debería participar en la deliberación sobre dicha plaza porque considera que su imparcialidad está viciada debido a sus "relaciones personales y profesionales" con Delgado.

A este respecto, Viada recordó que García Ortiz ascendió a la cúpula fiscal de la mano de Delgado, llegando a decir en su primer discurso como jefe del Ministerio Público que lo era gracias a la "generosidad" y a "honestidad" de la también ex ministra de Justicia.

OTRAS 8 PLAZAS EN JUEGO

Al margen de la citada plaza, en este Pleno se propondrán candidatos para otras ocho, entre las que destaca la de fiscal de sala contra Delitos de Odio y Discriminación. A ella concurren Calparsoro; Antonio Mateos, de la Fiscalía de Badajoz; María del Pilar Rodríguez, de la de Madrid; y Miguel Angel Aguilar, de la de Barcelona.

También se resolverá otra plaza para la Fiscalía Antidroga, a la que aspiran María José Martínez, de la Fiscalía de Zaragoza; María Angeles González, de la de Madrid; Rosa María Frías, también de Madrid; y Macarena Arroyo, de la Fiscalía de Area de Algeciras.

Por otro lado, al cargo de fiscal superior de la Fiscalía de Baleares optan Bartolomé Barceló, José Díaz Cappa y Julio Cano Antón, todos pertenecientes al cuerpo de fiscales de esa comunidad autónoma. En cambio, para el puesto de fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra hay un solo candidato, Jaime Goyena, que forma parte a la Fiscalía de esa comunidad.

El próximo jueves también se designará al fiscal jefe provincial de Guadalajara, puesto con la única candidatura de Rocío De la Paz, de esa misma Fiscalía; al fiscal jefe provincial de Valladolid, al que solo se presenta Soledad Martín Nájera, ya en esa Fiscalía; y al fiscal jefe de la provincia de Pontevedra, puesto para el que se miden Juan Carlos Aladro Fernández, Juan Antonio Sagredo Cañavate y Pablo Varela Castejón, todos en esa Fiscalía.

El Consejo Fiscal deliberará asimismo sobre el nuevo teniente fiscal de la Fiscalía de Cataluña, cargo al que aspira sin rivales Pedro Javier Ariche, procedente de esa Fiscalía.