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La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en diferentes puntos de la geografía española, lo que le ha permitido desarticular dos organizaciones criminales interconectadas y dedicadas al tráfico de inmigrantes entre Marruecos y Canarias.

Los líderes de las organizaciones son los presuntos responsables de la llegada de 204 inmigrantes marroquíes a bordo de seis pateras a las costas de Lanzarote (cinco embarcaciones) y Fuerteventura (una).

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La desarticulación de estas dos organizaciones ha sido posible después de que agentes de la Policía Nacional las investigara y comprobara entonces el modus operandi de actuar de las mismas, así como los roles desempeñados por sus integrantes, quiénes eran los líderes, las rutas empleadas, puntos de salida y cantidades que se les cobraba a los migrantes por llevarles en patera hasta España.

Esto le ha permitido conocer que los líderes de las organizaciones eran responsables de la llegada de seis pateras a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, a donde habían trasladado a 204 inmigrantes marroquíes, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Asimismo la investigación ha permitido conocer que cada inmigrante pagada una media de 3.000 euros a esta red, si bien en un principio le solicitaban el pago de 4.000 euros pero si no tenían suficientes personas para que la patera fuera al completo de su capacidad bajaban el precio a 2.500 euros.

De este modo, atendiendo al número de pateras y migrantes que han sido trasladados por dicha red, según ha conocido la Policía, el beneficio estimado para la organización ha sido superior a los 600.000 euros.

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Ante el conocimiento de estos datos y una vez reunidas todas las pruebas, los investigadores diseñaron un dispositivo destinado a desarticular la red criminal, en el que participaron casi 100 agentes, y que ha permitido realizar tres entradas y registros en los domicilios de los líderes de las organizaciones, en concreto, en Sotogrande (Cádiz), Lorquí (Murcia) y Lanzarote (Las Palmas).

En estas entradas y registros intervinieron numerosos dispositivos de almacenamiento de información, así como documentación relativa a las transacciones económicas para costear el viaje en las pateras. La red criminal cobraba a cada migrante una media de 3.000 euros por lo que se estima un beneficio para la organización de unos 612.000 euros.

Además llevaron a cabo los ocho arrestos en las provincias de Las Palmas (4), Murcia (2), Cádiz (1) y Vizcaya (1), todos ellos por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y actualmente tres de los arrestados permanecen en prisión provisional.