El Diario de Mallorca prepara una querella por "coacción" del secreto profesional de sus redactores

Los servicios jurídicos de Diario de Mallorca preparan una querella criminal por la incautación, este martes, del teléfono móvil de uno de sus redactores en el marco de la investigación del 'caso Cursach', una actuación que el periódico califica en su editorial de este miércoles de "coacción intolerable".

La dirección del diario ha confirmado a Efe que los juristas de Prensa Ibérica, el grupo editor del periódico, están estudiando todos los aspectos de la intervención ordenada por el juez Miguel Florit, que además de la requisa del teléfono del periodista Kiko Mestre instaba a la entrega de sus ordenadores o cualquier otro soporte electrónico.

Contra el secreto profesional

Agentes de la Policía Nacional requisaron los teléfonos móviles de dos redactores de Diario de Mallorca y Europa Press en las sedes en Palma de ambas empresas, en las que también han requerido la entrega de ordenadores, en el marco de la investigación sobre una filtración periodística. La Policía ha actuado en cumplimiento de una orden del juzgado de instrucción 12 de Palma, que instruye la causa de presunta corrupción conocida como caso Cursach.

Los agentes policiales han requerido a los periodistas información sobre las fuentes de un informe policial sobre la actividad fiscal de las sociedades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, que se publicó a pesar de que la pieza estaba declarada secreta.

En el registro en Europa Press, tres policías y una agente judicial han pedido a una redactora que les facilitara el informe sobre las contribuciones tributarias del Grupo Cursach sobre el que publicó una noticia a principios del pasado mes de julio y que revelara cómo lo había obtenido.

La periodista, que se ha acogido al secreto profesional, les ha entregado su teléfono móvil y, además, los agentes se han llevado su ordenador portátil y uno de sobremesa.

El periódico, que se negó a entregar esos equipos, considera que la actuación judicial apoyada por la Fiscalía Anticorrupción vulnera el derecho al secreto profesional amparado por el artículo 20 de la Constitución, y por ello ejercerá acciones legales contra los responsables.

La subdirectora Marisa Goñi ha resaltado que desde la tarde del martes han recibido cientos de llamadas en su centralita, desde la isla, el resto de Baleares y la península, de personas que han expresado su apoyo a Diario de Mallorca y su rechazo a la intervención policial.

Sin precedentes

En su editorial de este miércoles, el rotativo señala que la orden judicial no tiene precedentes y recuerda que se llevó a cabo "a instancias de dos imputados en una macrocausa de corrupción que afecta a empresarios poderosos, policías, funcionarios y políticos". El diario considera "gravísimas" las consecuencias inmediatas de la actuación contra su redactor, que son "la identificación de las fuentes de información y la coacción a su trabajo periodístico", cuyo objetivo final es "impedir que se publique información sobre el caso".

Europa Press se querellará contra el juez

La Agencia Europa Press presentará este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares una querella contra el juez que ordenó el pasado martes la entrada de agentes de la Policía Nacional en la sede de su Delegación en Baleares, en Palma de Mallorca.

La querella se presentará por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, así como por cuantos otros presuntos delitos puedan resultar conexos con los anteriores.

Libertad de expresión

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha defendido el derecho a la libertad de expresión y el secreto profesional de los periodistas, en especial la protección de las fuentes de información. "La Fiscalía y los jueces clarisimamente velamos por esa libertad de expresión y por supuesto por el secreto de las fuentes. Nuestra intención desde luego no es vulnerarlo", ha afirmado en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar el V Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española.

Más de dos centenares de periodistas han firmado una carta que se ha entregado a la fiscal general del Estado y al Consejo Fiscal en la que expresan su total rechazo a la incautación de teléfonos móviles y ordenadores de dos informadores de Europa Press y Diario de Mallorca.

Los informadores aseguran que es "un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna".

Diversas organizaciones periodísticas han rechazado esa actuación

Diversas organizaciones periodísticas han rechazado esa actuación. En concreto, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) han rechazado este requerimiento de los agentes y han mostrado su apoyo a los compañeros de dichos medios.

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas de España recuerda que el artículo 20 de la Constitución "reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión", así como la regulación por ley del derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional.