El Congreso debatirá y votará este jueves la polémica Ley Audiovisual con la que el Gobierno pretende imponer a las grandes plataformas financiar con el 3,5% de sus ingresos cine español, en lenguas cooficiales y hecho por mujeres.
La Plataforma de Productores Independientes trata de parar una norma que, según denuncian, de salir adelante pondría en peligro la supervivencia del sector.
Si se aprueba la ley tal y como está "se abre un panorama de consecuencias devastadoras para el cine y todo el audiovisual español", ha dicho Jordi Oliva, presidente de los productores catalanes (PROA), que, junto a María Luisa Gutiérrez (AECine) y José Nevado (PATE) han leído un comunicado conjunto como "última oportunidad de que mañana no ocurra una barbarie en el Congreso".
El motivo de la movilización del sector audiovisual es una enmienda que introdujo el PSOE en uno de los trámites de esta ley y que permite a "las televisiones o cualquier otro operador" producir contenidos dentro de la cuota obligatoria reservada hasta ahora a la producción independiente.
Este miércoles, sus socios de Gobierno de Unidas Podemos, junto a ERC y Bildu, han presentado otra enmienda que revertiría esta posibilidad, tan solo con un cambio de palabra aparentemente inocuo ("dicho" por "un") que ahora el PSOE está estudiando respecto a la votación de mañana.
Los productores piden al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se considere al cine "una cuestión de Estado", que rectifiquen -"¿Tan difícil es definir lo que es la independencia?", reclaman- y que se les escuche, ya que se consideran ninguneados en todo el proceso.
"En el presidente siempre hemos notado sensibilidad y compromiso, también con la creación", han dicho, así como que consideran un error dejar el proceso en manos del Ministerio de Economía en lugar de las de Cultura. También han lamentado que Miquel Iceta, el titular del departamento, les haya obviado y ni siquiera les haya respondido a cuestiones concretas.
"No descartamos nada. Nuestra supervivencia es innegociable. Estamos dispuestos a estudiar la formulación de una denuncia a la escala de la UE para lograr que se cumpla con el espíritu de la transposición de la directiva europea y a solicitar el amparo al Constitucional", aunque esta posibilidad no está a su alcance.