El Consejo de Estado cuestiona la autodeterminación de género de la ley Trans

El Consejo de Estado cuestiona la autodeterminación de género establecida en la ley Trans al estimar que todos los menores de 18 años deberían contar con un informe judicial para cambiar de sexo, no solo los menores de 12 a 14 años, tal y como contempla el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que ha iniciado su tramitación parlamentaria tras haber sido aprobada en el Consejo de Ministros la semana pasada.

Así lo indica el Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno presidido por María Teresa Fernández de la Vega, en su informe emitido el pasado 23 de junio, que es preceptivo pero no vinculante. El dictamen fue recibido por el Ministerio de Igualdad pero no ha incluido estas recomendaciones en el proyecto de ley.

A juicio del órgano consultivo, no parece acertada la afirmación de la memoria según la cual si se "condiciona el cambio de sexo registral de mayores de 14 años a la obtención de aprobación judicial (...) no se estaría teniendo en cuenta la madurez de cada menor o su situación", expresa el informe.

El Consejo de Estado opina que no parece "necesario ni proporcionado desvincular la rectificación registral de la mención relativa al sexo de todo elemento probatorio que acredite, de un modo u otro, cierta estabilidad en la identidad sexual libremente definida por la persona". Por ello, señala que se debería mantener la exigencia de contar con un informe judicial y un informe médico o psicológico para cambiar de sexo.

"La exigencia de tal informe médico o psicológico constituiría una garantía para el solicitante que debería ser mantenida en aras de la protección de la persona que libremente decide transitar de un sexo a otro", subraya el texto.