El Gobierno aprueba la ley que obliga a la paridad en las empresas, la política y la justicia

Este martes se ha celebrado el último Consejo de Ministros antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. El gobierno ha aprobado los últimos anuncios realizados por Pedro Sánchez en los mítines del PSOE, entre ellos la ley de paridad, con la que se obliga a instituciones y organismos públicos a mantener un número similar de hombres y mujeres en los órganos de decisión

En concreto, la ley de Representación Paritaria que obliga a que ningún sexo tenga un peso inferior al 40 % en direcciones y consejos de empresas, miembros del Gobierno, candidaturas electorales y órganos como el Tribunal Constitucional.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado que esta norma garantizará la paridad en los órganos de decisión públicos y privados y supone un "paso más" en el camino de la igualdad de género, uno de los "vectores que guía la acción del Gobierno".

La norma, que se llevó en primera vuelta al Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, obliga a las empresas a tener consejos y direcciones paritarias, es decir con un mínimo del 40 % de mujeres, algo que también aplica a las candidaturas electorales y a los miembros del Gobierno, así como a los colegios profesionales y a los jurados de premios o reconocimientos de carácter público.

La obligación afecta a sociedades cotizadas y entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores y una cifra de negocios de más de 50 millones de euros o activos por 43 millones.

Ese principio de representación equilibrada afectará asimismo a órganos constitucionales y de relevancia, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial.

Los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las obligaciones de representación paritaria en sociedades cotizadas y entidades de interés público serán la CNMV y el Instituto de las Mujeres, respectivamente.

Las empresas tendrán varios plazos para adaptar la ley en función de su tamaño: a partir del 30 de junio de 2024 para las 35 sociedades con mayor valor de capitalización bursátil, desde el 30 de junio de 2025 para las cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 500 millones y un año después para el resto.

En el caso de las empresas grandes no cotizadas, deberán cumplir con el objetivo del 33 % a finales de junio de 2026 y del 40 % a finales de junio de 2028.

Actualmente, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3 % (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6 % en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras).