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El Gobierno ha autorizado a la operadora saudí STC a completar la toma del 9,9% del capital social de Telefónica y convertirse, de este modo, en uno de los principales accionistas de la operadora española, según ha informado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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"Efectivamente, puedo confirmar que el Consejo de Ministros ha autorizado hoy la inversión por parte del principal operador de telecomunicaciones saudí STC para incrementar su participación hasta el 9,9% en Telefónica. Esta autorización ha sido precedida de un análisis exhaustivo por parte de las autoridades españolas, con arreglo no solo al cumplimiento de nuestra legislación vigente, sino también a la elementalidad de la ley, tan importantes como asegurar el interés nacional en materia de defensa", ha asegurado el ministro.

"Es importante señalar que se han puesto sobre la mesa y se han establecido medidas o condiciones que han sido aceptadas por la empresa saudí para garantizar, efectivamente, que esta operación se lleve a cabo de manera que se asegure ese elemento estratégico, que se asegure la autonomía operativa de Telefónica, que se salvaguarden, como decía, los intereses nacionales y que se proteja esta infraestructura crítica", ha añadido el titular de Economía.

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En cuanto a la posibilidad de que STC solicite un asiento en el consejo de administración de Telefónica, Cuerpo ha subrayado que esa es una cuestión que "corresponde a la propia empresa", al tiempo que ha resaltado que por parte del Gobierno primará la "prudencia y la cautela" debido a que es un accionista más de la compañía.

En ese sentido, cabe recordar que STC invirtió 2.100 millones de euros en septiembre de 2023 para adquirir, de forma sorpresiva, el 9,9% del capital social de Telefónica.

Sin embargo, esta operación se tradujo en la toma del 4,9% del capital social de la compañía mediante acciones directas y de un 5% adicional a través de instrumentos financieros.

Según la normativa vigente en materia de inversiones extranjeras y debido a que Telefónica es considerada una empresa estratégica y relacionada con la seguridad nacional, el Gobierno debía dar su visto bueno a que una empresa extracomunitaria tenga más del 5% del capital social en una compañía española de este tipo.

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