El Gobierno catalán sostiene que Llarena no podrá aplicar la malversación en su tipo agravado

La consellera de la Presidencia y líder de ERC, Laura Vilagrà, ha criticado que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantenga el procesamiento contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por malversación en su tipo agravado: "Es retorcimiento del delito", ha lamentado. "Nos parece evidente que esto también decaerá y que el juez Llarena no podrá aplicar este agravado", ha augurado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este viernes recogida por Europa Press.

Vilagrá ha calificado de "éxito completo" la derogación del ya inexistente delito de sedición --que entró en vigor este jueves-- y ha abogado por apoyar a los encausados en otras causas abiertas vinculadas con el 1-O y ha destacado que la Generalitat ha cambiado los criterios de personación en procesos judiciales a independentistas: "Una de las fortalezas es la movilización popular", ha defendido.

Por su parte, el líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se ha mostrado "satisfecho" por haber "trabajado" en la derogación de la sedición, ya que la eliminación definitiva de este delito "anacrónico" permite, ha dicho, defender derechos fundamentales como el de voto o manifestación. Así lo ha asegurado en un mensaje en Twitter.

"Satisfecho de haber trabajado en la derogación de la sedición. La eliminación definitiva de este delito anacrónico es bueno para toda la sociedad y nos permite defender los derechos fundamentales, como el derecho a voto o el derecho a manifestación, con mejores condiciones y más garantías. ¡Seguimos!", ha dicho Junqueras.

El magistrado Pablo Llarena, que instruye en el Supremo la causa del procés, ha aplicado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont la derogación del delito de sedición, pero mantiene su procesamiento por desobediencia y por malversación agravada, castigado con una pena de hasta 12 años de prisión.

La decisión de Llarena coincide con la entrada en vigor este jueves de la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición, que sustituye por uno de "desórdenes públicos agravados", y que reduce asimismo algunas penas del delito de malversación, lo que obligará al Supremo también a revisar la sentencia a los líderes del "procés", entre ellos Oriol Junqueras.

De hecho, horas después de hacerse público el auto de Llarena, el tribunal que juzgó a los líderes independentistas catalanes ha dado un plazo de ocho días a las acusaciones y a las defensas para que presenten "las alegaciones pertinentes" sobre cómo creen que afecta a la sentencia la reforma.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido al magistrado Pablo Llarena en su decisión de retirar el cargo de sedición al expresidente catalán Carles Puigdemont al afirmar que "hace lo único que puede hacer" y ha señalado que queda evidente que el Gobierno está entregado a los golpistas.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Tribunal Constitucional (TC), donde Vox ha presentado un recurso contra la Ley de Memoria Democrática, Abascal ha respaldado la decisión del juez que instruye en el Supremo la causa del procés. El magistrado ha hecho "lo único que puede hacer" en aplicación del nuevo Código Penal impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Se demuestra de nuevo que Sánchez está "dispuesto a cualquier cosa" para mantenerse en el poder, según el líder de Vox, que se ha reafirmado en su intención de seguir adelante con la moción de censura.

Mientras, continuan las peticiones de revisión de penas de imputados por corrupción tras la entrada en vigor de la reforma de la malversación.

La fiscalía anticorrupción ya anunció que revisará las penas para los acusados del caso Acuamed. Ahora el juez que instruye la trama Púnica le pide a Anticorrupción que se pronuncie sobre si mantiene las penas después del cambio en el Código Penal.