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El Gobierno central sigue adelante con el expediente para declarar lugar de memoria la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, tras rechazar este martes el Consejo de Ministros las alegaciones del ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso contra esta iniciativa.

Como ha informado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el Ejecutivo central ha aprobado este martes la contestación al requerimiento de incompetencia formulado por la Comunidad de Madrid en el expediente para declarar lugar de memoria la Real Casa de Correos.

Alegría ha recordado que este edificio -situado en la Puerta del Sol de Madrid y que desde 1985 acoge la Presidencia de la Comunidad de Madrid- fue sede de la Dirección General de Seguridad franquista, que como ha recordado hoy el Gobierno "jugó un papel central en la represión política y social y se convirtió en símbolo de la represión".

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"En sus sótanos, miles de personas detenidas fueron interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos", ha destacado el ejecutivo en una nota informativa posterior en la que lamenta que, "a pesar de los datos históricos contrastados, la Comunidad de Madrid se niega colocar una placa" que recuerde estos hechos.

El ejecutivo de Pedro Sánchez considera que el requerimiento de incompetencia de la Comunidad Madrid “carece de fundamento” y que en su decisión de convertir la Real Casa de Correos en lugar de memoria no hay "vulneración ni invasión de competencias autonómicas".

De hecho, ha señalado Alegría, la propia Ley de Memoria Democrática recoge que es compatible esa figura con el uso institucional y de servicio público que tiene actualmente el edificio como sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Pilar Alegría ha subrayado además que la declaración de lugar de memoria conlleva, entre otras cosas, "sencillamente la colocación de una placa en la fachada para recordar a las personas que fueron detenidas y maltratadas en ese lugar durante la dictadura".

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Con más detalle, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha indicado que la respuesta del Gobierno al requerimiento del ejecutivo madrileño manifiesta que no existen argumentos válidos para no cumplir lo que establece la Ley de Memoria Democrática.

Además, apunta que la Comunidad de Madrid "nunca ha cuestionado la constitucionalidad" de esa Ley, en la que se regula la figura del Lugar de Memoria, "y lo hace ahora, transcurridos más de dos años de la entrada en vigor de la norma (octubre de 2022)" sin haber legislado en ese tiempo sobre esta materia, como sí han hecho, con leyes propias, otras comunidades.

Además, advierte de que el requerimiento del Gobierno de Díaz Ayuso se realiza sobre un acto de incoación de un procedimiento que no pone fin al procedimiento administrativo y que, por tanto, resulta "preventivo".

La Asamblea de Madrid aprobó en diciembre pasado una ley que incorpora enmiendas del PP para contrarrestar la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática.