El Govern "congela" el diálogo con el Gobierno pese a que el espionaje de Pegasus fue legal, según el CNI

El Govern catalán ha acordado restringir al mínimo las relaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha dado por "congelada" la mesa de diálogo hasta que se aclaren los hechos y se depuren responsabilidades por el caso de presunto espionaje con el programa Pegasus a líderes independentistas.

Lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha pedido al Gobierno levantar el secreto de las actuaciones relacionadas con el caso y ha informado que el Govern ha aprobado impulsar las "acciones legales necesarias" ante instancias estatales, europeas e internacionales.

Plaja ha calificado de insuficientes las explicaciones del Gobierno ante el caso, "hecho que pone gravemente en peligro la confianza entre el Govern catalán y el Gobierno español".

Ante esto, el Govern ha decidido "restringir las relaciones políticas a las mínimas que se consideren en cada caso imprescindibles, hasta el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades al nivel que corresponda". Así, ha asegurado que la mesa de diálogo queda "congelada y aparcada" hasta que se resuelva el caso de presunto espionaje porque cree que ahora mismo lo urgente es aclarar este asunto antes de volver a esa mesa.

También ha reiterado la necesidad de que haya una "conversación directa" entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido que el jefe del Ejecutivo central dé explicaciones.

La Generalitat considera que el Gobierno debe aclarar "qué ha pasado, quién lo ha ordenado y quién lo ha permitido" y exige la dimisión de los responsables de este caso ya sea por acción o por omisión.

El espionaje a los teléfonos de líderes independentistas fue legal y siempre con orden judicial. Así lo afirma el CNI en una información que publica el diario 'El País'.

Todo en una jornada en la que la presidenta del Congreso Meritxel Batet acelerará el cambio de reglas de la denominada comisión de secretos oficiales para permitir el acceso de formaciones como ERC o Bildu.

Este martes Batet ha propuesto en la Mesa de la Cámara una rebaja de las mayorías que se exigen para acceder a la Comisión de control de los Gastos Reservados, bajando el listón de 210 votos a 176, la mayoría absoluta, lo que ya permitiría abrir la puerta a ERC, Junts y Bildu al control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al acceso a materias clasificadas.

Además, el Defensor del Pueblo aseguró este martes que ha iniciado una actuación de oficio ante el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "con la finalidad de comprobar si las presuntas actuaciones de interceptación de comunicaciones mediante 'spyware' Pegasus se han llevado a cabo, en su caso, con pleno respeto a las garantías establecidas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico".

Desde la oposición, la portavoz del Grupo Popular y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de poner el Estado "al servicio del Gobierno" para "garantizar que sus socios de investidura le siguen apoyando toda la legislatura". A su entender, es "muy triste" que Bildu vaya a poder formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales e "interrogar" a los responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Desde Ciudadanos, Edmundo Bal, considera una contradicción que "los enemigos del Estado conozcan los secretos del Estado", mientras que desde Vox, Ivan Espinosa de los Monteros, lamenta lo que viene ocurriendo es que "el poder ejecutivo le diga al poder legislativo lo que tiene que hacer".

Po rel contrario, el portavoz de ERC en el Congreso delos Diputados, Gabriel Rufián ha asegurado que "el PSOE no hace, se le obliga" y ha precisado que su formación no descarta "tumbar" la agenda legislativa del Gobierno de coalición si no obtiene respuestas satisfactorias por el supuesto espionaje a independentistas.