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El PP inicia su ofensiva contra los barones socialistas por la eliminación del delito de sedición y la posible del delito de malversación. Varios dirigentes populares han viajado a comunidades gobernadas por socialistas (Aragón, Castilla y La Mancha y Valencia) para pedir expresamente a esos barones que sus diputados voten en el Congreso en contra del cambio.

Lo ha hecho, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, en Aragón, exigiendo "coherencia" al presidente y secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, para que "con votos" se oponga a la modificación del delito de sedición y "dé instrucciones" a los seis diputados nacionales y seis senadores socialistas aragoneses para que voten "en coherencia" con la postura mostrada por el líder socialista en Aragón.

También lo ha pedido la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, a los socialista de Castilla y La Mancha, apelando a la "conciencia" de los nueve diputados que tienen en el Congreso. "Tienen que decir si están dispuestos a que el sanchismo devore al socialismo y a cualquier cosa para que Sánchez siga en la Moncloa. Si lo hacen serán cómplices y tan responsables como Sánchez", ha alertado Gamarra.

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Y lo propio ha hecho el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado. en La Comunidad Valenciana, donde ha urgido al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que "se posicione" "con el Estado de derecho o con Pedro Sánchez.

Una ofensiva que se produce el mismo día en que el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha confirmado que la supresión del delito de sedición se negoció "hace tiempo" con el PSOE y que esas conversaciones continúan para retocar el de malversación.

"Intentamos ser bastante discretos, desconfíe de uien hable mucho de esa negociaciones --ha aconsejado--. Hay que intentar definir y acotar el Código Penal para modernizarlo y no dar lugar a interpretaciones capciosas, interesadas o ideológicas por parte de los jueces. Y eso pasa por definir mucho mejor los delitos".

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Por eso ahora la negociación se refiere a introducir retoques en el delito de malversación de caudales públicos, otro de los delitos que sustentaron las condenas a los presos del procés. Su objetivo es rebajar penas cuando no hay enriquecimiento personal ni una estructura de corrupción, y para ello aboga por vincular los retoques a la sedición, pero procurando no afectar a la lucha contra corrupción.

Mientras, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este martes que, con la proposición de ley registrada, el Ejecutivo ya ha cumplido con su compromiso de reformar el delito de sedición y ha asegurado que no se está valorando "ninguna otra iniciativa", en referencia a una posible rebaja de penas para la malversación.

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Eso sí, los periodistas le han pedido en varias ocasiones aclarar la postura del Gobierno ante una eventual enmienda de los grupos catalanes, pero la portavoz se ha limitado a mostrar su respeto por la tarea del Parlamento y por las posiciones de todos los grupos.

"El gobierno no puede pronunciarse en torno a futuribles, no conocemos el texto de la enmienda si es lo que la va a haber", ha zanjado. El tiempo lo confirmará todo.