El Supremo ordena a la Fiscalía conservar las grabaciones del registro de la UCO

El magistrado del Supremo Ángel Hurtado ha ordenado al servicio de seguridad de la Fiscalía General que conserve las grabaciones del patio de la institución, donde una acusación denuncia que se reunieron el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su numero 2 durante el registro del pasado 30 de octubre.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) pidió citar como testigo a un fiscal del Supremo que durante el registro en la sede de Fortuny sobre las 19:00 horas vio a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, revisando un móvil con García Ortiz en el patio, cuando agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)aún estaba llevando a cabo sus pesquisas.

Un asunto que la asociación, que ejerce la acusación popular en la causa, tilda de "sorprendente", por el hecho de que "una fiscal asignada a un asunto esté examinando con un investigado, sin estar presente su abogado, una prueba central del delito investigado".

Hurtado ha dictado una providencia en la que se dirige al servicio de seguridad de la Fiscalía General para que, en relación con las cámaras que enfocan al patio central del edificio, mantengan conservadas las imágenes correspondientes a ese día 30, al menos, en el espacio de tiempo comprendido entre las 18:00 y 19:45 horas, hasta que, por su parte, se acuerde otra cosa.

El juez investiga si García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, incurrieron en un delito de revelación de secretos sobre los correos en que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia.

Según ha informado la agencia EFE, la empresa de seguridad de la Fiscalía General informará al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no dispone de cámaras en el interior del edificio, por lo que no pudo grabar ningún encuentro durante el registro del pasado 30 de octubre.