El TSJC decidirá qué entidades pueden pedir la ejecución de la sentencia del 25%

Este lunes ha entrado en vigor la sentencia sobre el 25% obligatorio de enseñanza en castellano en las aulas. La Generalitat busca cómo esquivar su cumplimiento y las asociaciones por la educación bilingüe han presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de esa región para que la sentencia se cumpla.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deberá resolver si las entidades que piden la ejecución de la sentencia, como Convivencia Cívica o una asociación de guardias civiles, están legitimadas para hacerlo, pese a no ser parte en la causa.

Según fuentes jurídicas, una vez el Govern presentó el pasado viernes el informe sobre cómo dará cumplimiento a la sentencia, se abre el plazo para que la Abogacía del Estado pueda instar a la ejecución del fallo, en el caso de que considere que no se está aplicando en las aulas la resolución judicial.

La Abogacía es de momento la única parte con legitimación para instar al TSJC a ordenar la ejecución de la sentencia, puesto que es la única que consta en la causa judicial, a raíz del recurso que presentó en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy para que se garantizara un 25 % de castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas.

El pasado viernes, el Departamento de Educación presentó un escrito ante el TSJC en el que aducía que los cambios legislativos en marcha garantizan la presencia del castellano en las aulas y se remitía a la propuesta de modificación de la ley de Política Lingüística que registraron ERC, PSC, JxCat y En Comú Podem.

La respuesta del Govern resulta insuficiente para las entidades en defensa del castellano, que han iniciado este lunes una ofensiva judicial para instar al TSJC a la ejecución forzosa de la sentencia, para lo que deben demostrar que tienen legitimación para hacerlo por sus intereses en el asunto.

En concreto, Hablemos Español y Convivencia Cívica Catalana han pedido la ejecución del fallo argumentando que uno de sus cometidos es la defensa de los derechos lingüísticos, aunque estas entidades admiten que es "dudoso" que se les acepte porque el Supremo ya rechazó su legitimación con anterioridad.

Para sortear ese escollo legal, también va a pedir la ejecución del fallo la asociación de la Guardia Civil JUCIL, que argumenta que cuando los agentes son destinados a Cataluña no disponen de centros escolares donde educar a sus hijos con una garantía de un mínimo de clases en castellano.

También va a solicitar la ejecución de la sentencia la Federación AMPA Total, que han promovido Convivencia Cívica y Hablemos Español, aunque reconocen que, de aceptarse, la aplicación se limitaría a los centros donde esa asociación de padres tenga presencia.

Otra opción que estudian estas entidades para lograr la ejecución de la sentencia del TSJC es que la soliciten familias concretas de centros donde no se haya podido constituir una delegación de AMPA Total.

En paralelo, Ciudadanos ha presentado este lunes ante la Fiscalía Superior de Cataluña una denuncia por prevaricación contra el conseller de Educación, Josep González-Cambray, y cuatro altos cargos de su conselleria al considerar que incumplen la sentencia que estipula un 25 % de clases en castellano en las aulas catalanas.