El apoyo de Podemos, salva el paquete fiscal del Gobierno, con la promesa de una futura tasa a las energéticas
Las grandes empresas energéticas españolas reclaman seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para materializar en España los 308.000 millones de inversiones previstas
El Congreso ha aprobado incorporar el impuesto a la banca, rechazado por AEB y CECA que anuncian contra el acciones legales
Podemos salva el plan fiscal del Gobierno. La formación morada ha cedido en su posición sobre el pacto fiscal y ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para sacar, en un futuro, un impuesto a las energéticas. Podemos se conforma ahora sólo con la promesa de que se impondrá una tasa a las energéticas mediante una proposición de ley.
El proyecto de ley del denominado paquete fiscal del Gobierno ha resultado aprobado por 178 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Junts, PNV, Podemos, BNG y CC) frente a 171 votos en contra y pasa ahora al Senado, donde continuará su tramitación.
El acuerdo se antojaba difícil como reconocía Patxi López: "como siempre hasta el último minuto" y es que Podemos insistía que el impuesto de energéticas, vía decreto ley que el PSOE había pactado con ERC y Bildu era papel mojado.
Podemos se sumaba con sus votos a los de PP, Vox y UPN en el Pleno del Congreso para frustrar el intento del PSOE de eliminar, a partir del 1 de abril de 2025, la bonificación fiscal que tiene el diésel con respecto al gasolina.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero intentaba hacer un gesto con Podemos y sostenía que "el PSOE va a cumplir con todos los compromisos que va alcanzando".
Junts anticipa que si que habrá acuerdo y tras el consiguiente tira y afloja, diez minutos después, fumata blanca.
Desde la Oposición, criticas a la escenificación a la espera de la votación de la reforma fiscal, a primera hora de la tarde.
LAS GRANDES EMPRESAS ENERGÉTICAS RECLAMAN SEGURIDAD JURÍDICA Y ESTABILIDAD REGULATORIA
Las pugnas entre el Gobierno y sus socios han conseguido algo difícil, poner de acuerdo a las grandes empresas energéticas.
En un comunicado inusual del Club Español de la Energía, reclaman seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para llevar a cabo los grandes proyectos de descarbonización.
Advierten que el impuestazo amenaza inversiones por valor de 30.000 millones de euros.
Hasta 8 grandes empresas, entre las que se encuentran Iberdrola o Repsol, entre otras, firman este inusual comunicado en el piden al gobierno "evitar incertidumbres", que generen un "clima de confianza" .
Condiciones fundamentales, a su juicio, para materializar los 308.000 millones de inversiones previstas en España, un 82% procedente de empresas privadas.
IMPUESTO FINALISTA A LA BANCA QUE LO RECURRIRÁ
El Pleno del Congreso también acordado incorporar el impuesto a las entidades financieras.
El Congreso ha incluido esta medida como una enmienda más a la ley que regula el tipo mínimo del 15% para las multinacionales.
El impuesto gravará la suma de los ingresos por margen de intereses y comisiones del negocio en España de las entidades. Así, hasta los 750 millones por estos ingresos, el tipo a pagar es del 1%, hasta 1.500 millones es del 3,5%, hasta 3.000 millones es del 4,8%, hasta los 5.000 millones sería del 6% y a partir de dicha cifra, el tipo asciende al máximo, el 7%.
Lo pagarán, además de las entidades establecidas en España, los establecimientos financieros y las sucursales en territorio español de entidades extranjeras.
Las patronales bancarias AEB y CECA han mostrado su "absoluto rechazo" al nuevo impuesto y han asegurado que la tasa restará 50.000 millones de nueva financiación a familias y empresas.
En un comunicado ambas asociaciones reiteran su determinación de emprender acciones legales y avisan de que este impuesto "no tiene parangón" en la Unión Europea, de modo que perjudica la competitividad de las entidades españolas y del conjunto de la economía.
Asimismo, se establece un impuesto para los vapeadores, una subida de la tributación del tabaco, un aumento del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros y una bajada del impuesto de sociedades para pymes, así como una serie de cambios normativos para combatir el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos. En declaraciones a los medios en el patio del Congreso, Pedro Sánchez ha destacado que esta reforma fiscal permitirá reforzar los servicios públicos y además lo hará con "justicia fiscal", ya que para su financiación exigirá "algo más de esfuerzo" a las grandes corporaciones, como las entidades financieras. Además, ha recordado que la reforma fiscal es uno de los hitos a los que está ligado el quinto desembolso de los fondos europeos y, con su aprobación, España podrá "seguir siendo el primer país" en ejecución y recepción de estas ayudas.
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