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Los 19 miembros del clan de los ‘Emilios’, que se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid este miércoles, han aceptado ser condenados por la venta de droga en el poblado de la Cañada Real. Lo han hecho a cambio de una reducción en la pena y del pago casi 24.000 euros cada uno de ellos.

En septiembre de 2010, ya se les condenó a hasta 5 años de cárcel tras alcanzar un acuerdo con el fiscal. Ahora la Fiscalía de Madrid solicitaba penas de hasta 7 años de prisión.

Este clan ocupaba una corrala de 14 viviendas del sector VI de la Cañada, tres de las cuales eran destinadas en exclusiva al despacho diario de heroína, cocaína o mezcla, en monodosis o en grandes cantidades.

Una auténtica ‘tienda’ de drogas

Según el escrito de acusación, entre los meses de julio y noviembre de 2013, la Policía pudo constatar que en una determinada parcela del poblado de Valdeminmgómez en la Cañada Real había un trasiego continuo de personas "con aspecto de toxicómanos" y ajenas a los aparentes moradores de las viviendas "las cuales permanecían a escasos minutos en dicho lugar".

Esta circunstancia fue la que levantó sospechas de que allí pudiera estar desarrollándose la venta de drogas por los integrantes de una familia conocida con el apodo de 'Los Emilios', razón por la que se establecieron vigilancias específicas.

A raíz de estas vigilancias se constató la existencia de un grupo formado por trece personas que se encargaban de la venta de drogas a personas consumidoras en una finca en forma de recinto físicamente cerrado con sólo dos entradas posibles con acceso controlado y unas diez dependencias habitables.

Los acusados se dividían las tareas. Unos asumieron turnos rotatorios de vigilancia y control de acceso de personas ajenas al interior del recinto, mientras que otros realizaban las transacciones de las sustancias por dinero con los consumidores que allí acudían.

Al tratarse de una edificación con sólo dos puntos de acceso vigilado, así como con diversas dependencias con puertas blindadas y ventanas con rejas y escaso uso de conversaciones telefónicas para transmitirse información entre los implicados, la Policía introdujo un agente encubierto simulando ser drogodependiente que se presentó en siete ocasiones en la parcela para adquirir unos ocho gramos de cocaína que resultó ser lidocaína y cafeína.