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El diputado del PP Alberto Casero ha reconocido este lunes ante el Tribunal Supremo que ha podido haber problemas administrativos con determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018, pero ha descartado prevaricación alguna por su parte, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

El dirigente 'popular' ha acudido al Alto Tribunal después de que el juez instructor Andrés Palomo le citara para que prestase declaración voluntaria, ya que no se ha tramitado suplicatorio al Congreso, donde está aforado.

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El magistrado consideró pertinente que compareciera a raíz de la exposición razonada que elevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendía que había también indicios de un delito de malversación.

Casero, que ha declarado durante más de hora y media, ha asegurado a su salida que el interrogatorio "ha ido bien". Según ha dicho a la prensa, su declaración ha transcurrido con "normalidad", por lo que ha asegurado sentirse "tranquilo".

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Al hilo, el dirigente ha subrayado que ha comparecido ante el juez y la fiscal Angeles Montes "porque creía que no había nada que ocultar". "Creía que podía aportar cuestiones nuevas que aclararan algunas cosas", ha añadido.

En este sentido, ha precisado que ha dejado claro "algunas cuestiones que evidentemente tanto el fiscal como el juez entendían que había que aclarar". "Y a partir de ahora, a esperar la decisión de la justicia", ha señalado.

Así, para Casero, tras su comparecencia "todo está explicado".