El fiscal general se reúne con las asociaciones para avanzar en el nuevo estatuto fiscal

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto a las tres asociaciones de fiscales que comiencen los trabajos para impulsar un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, en paralelo a la futura la Ley de Enjuiciamiento Criminal que quiere activar el Ministerio de Justicia.

García Ortiz se ha reunido este miércoles con la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus; el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Jesús Arteaga, y el presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés.

El fiscal general ha propuesto una metodología de trabajo y un calendario para que sean las asociaciones, amparadas por la Fiscalía General, las que comiencen los trabajos del nuevo Estatuto y ha fijado un próximo encuentro para el 7 mayo.

Fuentes fiscales informan de que la Fiscalía General pretende así que participen todos los fiscales, ya que "solo desde el profundo conocimiento de la carrera fiscal y de sus estructuras se pueden hacer al legislador propuestas con garantías para un nuevo Estatuto Orgánico que responda a la futura LECrim".

Las asociaciones han informado a EFE de que están de acuerdo en una reforma profunda o un nuevo estatuto de cara a una futura instrucción por los fiscales, si bien el encuentro de hoy ha servido para fijar unos grupos de trabajo sin hablar de contenido.

El interés de Fiscalía General por impulsar un nuevo Estatuto va en paralelo a la apuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de dar el "impulso definitivo" a una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la investigación de los delitos a los fiscales en sustitución de los jueces.

Se trata de una eterna reivindicación de la mayoría de la carrera fiscal que asoma con cada nuevo Gobierno desde la época de Francisco Caamaño (2009-2011), pero que nunca terminar de ver la luz.

Es más, este proyecto ya fue impulsado en la anterior legislatura de Sánchez, que llegó a aprobar un anteproyecto en noviembre de 2020, pero prueba de la dificultad de desarrollarlo es que, casi tres años y medio después, todavía está pendiente el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial que aspira a estar listo entre abril y mayo, informan a EFE fuentes jurídicas.