El gobierno de Sánchez negocia nuevas concesiones para los independentistas a cambio de sus 7 votos

Junts, el partido de Puigdemont sabe que con sus 7 votos tiene el poder de hacer caer la legislatura. Tras conseguir que el Gobierno retire la senda de déficit ante la más que probable derrota a la que se enfrentaba, Pedro Sánchez negocia ya otras concesiones para poder salvar los Presupuestos. La desclasificación de secretos del CNI y poder triplicar el déficit de las Comunidades, el uso del catalán en las instituciones europeas serían otras de las contrapartidas puestas encima de la mesa para conseguir el voto ansiado independentista.

PSOE y Junts están negociando un acuerdo. El Gobierno está dispuesto a desclasificar la documentación relativa a los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) de agosto de 2017 que pueda obrar en manos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque reitera que el espionaje español no tuvo nada que ver con esos ataques terroristas.

Esquerra y Junts quieren centrar la investigación sobre los atentados en escudriñar el papel del CNI y la relación que tenía con el centro el entonces imam de la localidad barcelonesa de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, así como en los "fallos de coordinación" que achacan a las fuerzas de Seguridad y al Ministerio del Interior en relación con el 'cerebro' de la masacre.

Esta comisión, como las que versan sobre la 'Operación Cataluña' y el espionaje con el programa Pegasus, nacieron en virtud del pacto que el PSOE alcanzó con ERC y Junts en agosto de 2023 para que hubiera mayoría progresista en la Mesa del Congreso.

El plan de trabajo en el que trabajan el PSOE y Junts ya podría especificar las fórmulas puede utilizar la comisión para acceder a información ahora clasificada. Una vía puede ser que el Gobierno desclasifique determinados documentos y otra que sea la comisión de secretos oficiales de la Cámara la que analice cierta información clasificada.

El Gobierno pidió al Parlamento Europeo impulsar el catalán antes de aplazar la votación del techo de gasto. El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, escribió una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el pasado 18 de septiembre, hace una semana, pese a que fuentes cercanas al Ejecutivo de coalición señalen que se trata de “un gesto más” que “sirve” para “destensar” la negociación con Junts sobre la aprobación del techo de gasto.

Lo cierto es que esta es la la tercera carta que envía Albares a Metsola con la pretensión de que se hablen las lenguas cooficiales en el Parlamento Europeo. Fuentes cercanas al Ejecutivo de coalición aseguraron que esto se interpreta como “un gesto más” que “sirve” para “destensar” la negociación con Junts sobre la aprobación del techo de gasto.

Además, la condición de Junts para que las comunidades autónomas puedan disponer de un tercio del límite total del déficit, si el Gobierno quiere su 'sí' a la senda de estabilidad, quitaría unos 12.000 millones de euros en capacidad de gasto a la Administración General del Estado que pasaría a manos de las autonomías, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En declaraciones a Europa Press, el director de Fedea, Angel de la Fuente, ha explicado que la "contrapropuesta" de Junts aumenta al 0,8% el margen de gasto de las comunidades. En consecuencia, la Administración Central y la Seguridad Social tendrían que repartirse el 1,7% restante.

Para el Gobierno, lo planteado por Junts va demasiado lejos, pero se ha mostrado dispuesto a moverse para alcanzar un acuerdo con la formación independentista que permita sacar adelante la senda de estabilidad, cuya tramitación ha retirado en el Congreso por la falta de apoyos.

Junts sostiene que de los 40.000 millones de euros de gasto, el Gobierno se quedará casi el 90%, más de 35.000 millones de euros. "¿Y qué le toca a Cataluña?", se preguntó a principios de mes su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, para quien el Gobierno "miente" cuando dice que su propuesta beneficia a todas las comunidades.

De la Fuente ha cifrado en "entre 12.000 y 13.000 millones de euros más" lo que las autonomías podrían gastar vía déficit si el Gobierno acepta lo planteado por el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Sobre este asunto, las diferentes federaciones territoriales del PSOE han evitado pronunciarse por el momento y se remiten a la posición del Gobierno y a las negociaciones que continúan abiertas con Junts para aprobar la senda de estabilidad, el paso previo a negociar los Presupuestos Generales del Estado.