El inquilino de Lagasca niega fiestas clandestinas en el piso y contradice la versión de los agentes
- Asegura que esa madrugada solo estaban reunidos un grupo de amigos tomando algo sin ruido en su domicilio particular
En la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio que se sigue contra seis policías acusados de allanamiento de morada por entrar a la fuerza en una fiesta ilegal en la calle Lagasca durante el confinamiento del Covid, este jueves hemos escuchado al inquilino, que fue quien denunció a los policías.
Dice que no era un piso dedicado a celebrar fiestas clandestinas sino que era su casa.
Ha afirmado además que esa madrugada solo estaban reunidos un grupo de amigos tomando algo sin ruido en su domicilio particular.
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La declaración se aleja de la versión de los policías que mantienen que el inmueble parecía "un local de alterne" o "una discoteca" con gente que no se conocía de diferentes países y que se saltaban las restricciones Covid en una época en la que solo podían estar bajo un mismo techo los convivientes.
El jurado popular del juicio que se celebra contra seis agentes de la Policía Nacional ha escuchado el testimonio de las personas que aquella noche se reunieron en este inmueble hasta que los agentes accedieron con un ariete derribando la puerta.
Los testigos mantienen que esa madrugada al no abrir la puerta eran conscientes de que estaban incurriendo en una infracción administrativa al infringir la normativa Covid vigente entonces pero niegan que estuvieran cometiendo delito alguno, lo que habría propiciado el acceso a la fuerza de los agentes.
En instrucción, denunciaron el trato denigrante que habían recibido por parte de los agentes de la Policía Nacional.
El principal testigo que tiene la acusación es el dueño del piso, quien ha sido interrogado durante más de dos horas y media. Theo T. G., de origen británico, ha negado que en el inmueble se organizaran fiestas ilegales en pandemia, así como que aquella noche cometieran la ristra de infracciones penales que sostienen los acusados.
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Se acusa al subinspector jefe del operativo y a cinco subordinados de la presunta comisión de un delito de allanamiento de morada, hechos por los que la acusación particular, que ejerce el letrado Juan Gonzalo Ospina, solicita dos años y medio de cárcel e inhabilitación para que se les aparte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Entre los testigos, figura una mujer que fue detenida por los policías después de que ésta les increpara. Esta joven, bisnieta de un ministro franquista, alegó falsamente que el inmueble era de su propiedad privada" y llamó "guarras, zorras y traidoras" a las mujeres que manifestaron a los agentes que querían salir.
Los acusados defendieron ayer que actuaron conforme a la legalidad ante la existencia de un delito flagrante por desobediencia grave frente a la negativa de los asistentes a identificarse hasta en 28 ocasiones, lo que les habilitó a acceder al interior sin necesidad de una orden judicial.
Las defensas mantienen que en el piso se estaba cometiendo una desobediencia grave a agentes de la autoridad; un delito de emisión de ruidos; otro delito de lesiones psíquicas; y delito de acoso o mobbing inmobiliario.
