El juez del 'caso Tsunami' pide localizar al diputado de ERC Rubén Wagensberg, actualmente en Suiza

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, ha pedido a la Guardia Civil localizar al diputado catalán de ERC Rubén Wagensberg, que la semana pasada anunció que se había trasladado a Suiza para preparar su defensa y ante el "miedo" a una "detención arbitraria".

García-Castellón ha adoptado esta decisión en un auto, fechado este lunes, en el que argumenta que "una de las finalidades" de la investigación es "asegurar" la disponibilidad ante el juzgado de los presuntos responsables de los hechos investigados.

Al igual que sucede con el expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont, Wagensberg está aforado, razón por la que el juez pidió al Tribunal Supremo que asumiese el caso Tsunami para poder investigarlos formalmente, al considerar García Castellón que existen indicios de terrorismo contra ellos.

Este lunes se ha conocido que el fiscal del Supremo que debe informar sobre esta petición del juez descarta indicios de terrorismo y aboga por que la causa se quede en la Audiencia Nacional.

Mientras el Supremo decide, el juez García-Castellón continúa practicando diligencias en esta causa, que nació en 2019, en la que se investigan por terrorismo los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic en las protestas organizadas en respuesta a la sentencia del "procés", el otoño de aquel año.

Además de conocer dónde está el también miembro de la Mesa del Parlament Rubén Wagensberg -el juez quiere comprobar si está en su domicilio y si va a trabajar habitualmente-, García-Castellón pide a la Agencia Española de Seguridad Aérea información sobre los disturbios del aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019.

Solicita asimismo informar de este extremo a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que acredite si se realizó alguna actuación al respecto, y amplía la comisión rogatoria que remitió a Suiza para incluir el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo formalizado en Nueva York el 9 de diciembre de 1999 y que fue ratificado por España y Suiza.

También quiere incluir en dicha comisión la información de AENA y Enaire que permiten, a su juicio, consolidar la existencia de hechos susceptibles de tipificarse conforme a las infracciones previstas en el Convenio de Montreal de 1971 y el Protocolo de 1988.

La imputación por terrorismo no es "sorpresiva"

En medio de una abierta discrepancia con el fiscal del caso, que recientemente volvió a arremeter contra su criterio y criticó la "significativa" falta de argumentos para investigar este caso por terrorismo, García-Castellón dedica parte de su auto a reflexionar sobre las sospechas de terrorismo.

El juez hace referencia al auto en el que dirigía la investigación contra Puigdemont, la líder de ERC Marta Rovira y otros implicados y sostiene que la calificación de terrorismo ni es "sorpresiva" ni está "acomodada a circunstancias ajenas a la investigación", en posible referencia a la ley de amnistía que se tramita en el Congreso.

Pero además recuerda que dicha calificación se remonta mucho tiempo atrás, a octubre de 2019, poco después de acordarse la apertura de la causa.

Días después, ya en noviembre, también apreció que los hechos podrían incardinarse en una alteración grave de la paz pública, como el Código Penal señala para los delitos de terrorismo, y apunta que también se habló expresamente de terrorismo en las comisiones rogatorias que envió ese año a Suiza y Estados Unidos.

El pasado mes de julio, continúa repasando el juez, dictó un auto en el que se pronunciaba expresamente sobre terrorismo y que acogía en su integridad el criterio de la Fiscalía que entonces señaló expresamente que los hechos investigados eran susceptibles de ser calificados como delito de terrorismo, indica el juez.

Y aunque reconoce que pocos días después el fiscal subsanó ese escrito, alega que nunca se recurrió su resolución en la que "calificaba el hecho como delito de terrorismo".