El juez prohíbe al patrón del ‘Villa de Pitanxo’ salir de territorio nacional y le retira el pasaporte

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la investigación sobre el naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' acordó este lunes la libertad provisional del patrón del buque, Juan Padín, estableciendo como medidas cautelares la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado más cercano a su domicilio.

El barco se hundió el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá) y 21 de sus tripulantes murieron.

Las medidas adoptadas están en consonancia con la petición de la Fiscalía, que tras la comparecencia del patrón y capitán de la embarcación había solicitado la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial para el armador, único imputado en esta causa.

Al naufragio sólo sobrevivieron tres personas. El propio Padín; su sobrino, Eduardo Rial, y el marinero ghanés Samuel Koufie. Los dos últimos también estaban citados este lunes para declarar como testigos del siniestro.

Los familiares de los fallecidos y desaparecidos habían pedido medidas cautelares que impidieran al patrón salir a faenar e incluso solicitaron la prisión preventiva.

En su declaración, el capitán del buque hundido aseguró que llevaba chalecos salvavidas para todos los tripulantes y que la responsabilidad de ponerse el traje de supervivencia y el chaleco era de cada uno de los marineros.

Insistió también en que el motor se paró antes de que el barco comenzara a escorar, mientras que el marinero de Ghana cree que el naufragio se produjo por no soltar el aparejo a tiempo, dado el mal estado del mar.

Muerte por hipotermia

La investigación se abrió tras la denuncia del marinero Samuel Koufie, quien aseguró que el capitán no dio “en ningún momento” la orden de ponerse los trajes de supervivencia y que sólo él y su sobrino los llevaban en el momento de hundirse la embarcación el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros de Terranova, dejando nueve muertos y 12 desaparecidos.

Estas revelaciones del marinero, que denunció presiones de su jefe, dieron pie a la Fiscalía para expresar sus “dudas” sobre la versión del capitán que está investigado por delitos de homicidio por imprudencia grave. El juez, en un auto dictado el pasado mes de abril, se apoyaba en el informe de la Guardia Civil que recogía los testimonios contradictorios de los tres supervivientes.

El capitán aseguró que el motor del barco se paró sobre las cuatro de la madrugada y que el mal tiempo hizo que comenzara a entrar agua en la embarcación hasta que se escoró y se hundió. Padín dijo que en el momento de abrirse la vía de agua dio la orden de colocarse los trajes de supervivencia y chalecos salvavidas para después abandonar el barco.

Su sobrino, Eduardo Rial, declaró en el mismo sentido. Pero fue Samuel Koufie, el tercero de los supervivientes, quien discrepó de esta versión. Según declaró, los motores no dejaron de funcionar y fueron las máquinas que recogen el aparejo las que registraron incidencias porque no eran capaces de recoger las redes, lo que finalmente provocó la escora del barco. Según dijo, los marineros le pidieron que soltara los aparejos, pero el capitán se negó y fue más tarde cuando se pararon los motores.

Koufie relató cómo fueron falleciendo sus compañeros de balsa por hipotermia con sumo detalle. Además, la Fiscalía tiene importantes “dudas” sobre el relato del armador del que piensa que trata de “eludir las posibles responsabilidades”.

El Ministerio Público señala que los hechos desmienten la versión del capitán y su sobrino porque ninguno de los cuerpos recuperados ni el marinero superviviente llevaban puesto el equipo de seguridad y según los informes técnicos la velocidad de desplazamiento del buque poco antes de hundirse pone en cuestión que la parada de motores fuera la causa del naufragio.

Por ello, la Fiscalía pide imputar al capitán 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores.

Mientras, los familiares siguen pidiendo que al Gobierno español que se baje al pecio del barco (1.000 metros de profundidad) a obtener pruebas. Solicitan que al patrón se le retire el pasaporte e ingrese en prisión. Se han querellado contra él, su sobrino y la armadora.