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España adapta su legislación a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Un deseo anhelado por los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en nuestro país. Tras el cambio de la terminología, reclaman ahora que se mejore la accesibilidad para poder ser ciudadanos de pleno derecho.

Las palabras dan o quitan. Los adjetivos califican. Y en juego está muchas veces la dignidad de las personas. En este caso, la de más de cuatro millones en España. No son disminuidos. No se sienten representados por el término.

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La Constitución, la ley de leyes, les ha denominado así, disminuidos, durante más de cuatro décadas. Son personas con discapacidad. No va a haber ninguna otra terminología legal para referirse a ellos.

El lenguaje ha sido el primer muro a derribar. Pero son conscientes de que esto no ha hecho nada más que empezar. Con el cambio, España adapta el artículo 49 de la Constitución a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.